En una nueva medida de ajuste estatal, el Gobierno de Javier Milei despidió a 2.400 empleados del Ministerio de Justicia y eliminó un incentivo salarial que costaba $15.600 millones anuales. Según Manuel Adorni, los fondos estaban destinados a capacitaciones que “nunca se concretaron”.
El vocero presidencial explicó que las contrataciones despedidas violaban los mecanismos establecidos por el sistema de empleo público, mientras que los incentivos “se transformaron en parte del salario sin ningún tipo de control”.
“Estos gastos son un reflejo de prácticas políticas que perjudican las arcas del Estado. Nuestra misión es eliminar cualquier caja injustificada”, aseguró Adorni en su intervención.
Además, el Gobierno informó la decisión de abrir el mercado de capacitaciones para conductores profesionales, quitándole la exclusividad a la UTA, una medida que busca romper con monopolios sindicales.
En simultáneo, Adorni expuso los resultados de un relevamiento de pensiones por discapacidad laboral en Chaco, donde se determinó que el 87% de los beneficiarios auditados no cumplía con los requisitos para mantener el beneficio.
