En un fallo contundente, la exsecretaria general y la extesorera de la Asociación Docente Provincial (ADP), Patricia Argañaraz y Ana María Cerezo, fueron condenadas a seis años de prisión efectiva por los delitos de administración fraudulenta y estafas reiteradas. Ambas mujeres, acusadas de desviar fondos públicos y defraudar a los docentes, fueron trasladadas desde la Ciudad Judicial al Penal de la Unidad Carcelaria N°4 tras la lectura de la sentencia.
La condena llega luego de que la Fiscalía Penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, a cargo de Ana Inés Salinas Odorisio, solitara la pena máxima de siete años de prisión para ambas acusadas. Según la fiscal, Argañaraz y Cerezo participaron como coautoras de 26 hechos de estafa, vinculados principalmente con la administración de fondos destinados a los docentes de la provincia.
El caso se centró en el desvío de recursos dentro de la ADP, en particular a través de mecanismos administrativos fraudulentos, tales como la emisión de facturas y documentos falsificados.
Estos documentos fueron utilizados para justificar pagos inexistentes y desviar dinero para fines personales, sin que los docentes tuvieran acceso a los fondos que, según las acusaciones, deberían haber sido destinados a sus beneficios.
