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Ahora, meses después, el Gobierno busca reflotar la iniciativa, en medio de un fuerte conflicto con las autoridades universitarias, los gremios docentes y la oposición parlamentaria. Entre los principales puntos de la iniciativa oficial se destaca que las universidades podrán cobrar aranceles a los estudiantes extranjeros no residentes y determinar "principios básicos para la asignación de recursos de las universidades".
Los cambios que propone el Ejecutivo serán presentados en un proyecto de ley que, eventualmente, debería aprobar el Congreso para que sea efectivizado, dado que actualmente el cobro de un arancel está prohibido por Ley Nº 24.521: "Los estudios de grado en las instituciones de educación superior de gestión estatal son gratuitos e implican la prohibición de establecer sobre ellos cualquier tipo de gravamen, tasa, impuesto, arancel, o tarifa directos o indirectos".
El debate sobre el cobro a extranjeros no residentes tiene lugar en un contexto en que la administración nacional lleva adelante una revisión de los gastos de las universidades, que se ve acompañado de un ajuste de las partidas para funcionamiento y salarios, en sintonía con los recortes presupuestarios del Estado en áreas del PEN y organismos descentralizados.
