Priscila Corregidor
La gestión que encabeza Javier Milei puso un marcha un proceso de ajuste, desregulación y revisión sobre todas las áreas de la administración pública. Una es la del sector de la Salud, donde por estas horas trabaja en dar de baja un grupo de prepagas a la vez que también se intervendrán obras sociales.
El plan del Ejecutivo se basa en inspeccionar la situación financiera y administrativa de los agentes del sistema de salud, es decir, las prepagas y las obras sociales. Solo a modo de ejemplo, el “mapa” registrado ante la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) constaba de unas 675 prepagas y 291 obras sociales al inicio de la gestión actual.
Sobre las primeras, el organismo detectó un grupo de empresas de medicina que se inscribieron en el Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga (RNEMP), pero nunca presentaron datos como el padrón de usuarios, los planes de cobertura, los cuadros tarifarios, los estados contables o los balances ante la SSS.
Por eso, a través de un aviso publicado días atrás en el Boletín Oficial, se procedió a cancelar la inscripción de 60 de ellas, entre las que se encontraban Prepasa S.A, Grupo Proyectar SRL y Emergencias Médicas Fueguinas S.A, por mencionar algunas.
Ahora, el organismo tiene previsto continuar en este sentido y en los próximos días eliminará 60 prepagas más mientras evalua el estado de situación de otras 70. En total, se estima que se pueden dar de baja -contabilizando las ya oficializadas y las que están en carpeta- unas 180.
“Esta decisión tiene como objetivo que el beneficiario acceda a un mercado más transparente, ordenado, donde las entidades que figuran inscriptas existan, compitan entre sí y brinden prestaciones de calidad”, argumentaron fuentes oficiales ante la consulta de este medio.
Además de las prepagas, la Superintendencia de Servicios de Salud también intervino cuatro obras sociales: la de Peones Rurales y Estibadores de la República Argentina (OSPRERA), la del Personal de la Industria del Fósforo (OSPIF), la del Personal Ladrillero (OSPL) y la del Personal de la Industria Ladrillera a Máquina (OSPLM).
“Todas estas obras sociales, además, recibían millones de pesos de subsidios del Estado”, insistían en el organismo, que en el corto plazo tiene entre sus previsiones intervenir dos entidades más.
Según lo que explicaron, el proceso de intervención comienza con auditorías y si se comprueba que falta “información necesaria como para funcionar como agentes del sistema de salud”, se designa a un interventor que debe informar sobre la gestión de la obra social en cuestión. Si ese funcionario comprueba “inviabilidad” -financiera, prestacional o patrimonial- de la entidad, se activa un “mecanismo de liquidación”. En ese caso, los afiliados se distribuyen en otras obras sociales.
Una de las intervenciones más importantes que hizo el Ejecutivo fue la de OSPERA, la obra sociales de los peones rurales, que cuenta con 759.203 beneficiarios y es la tercera más grande del país.
“Esta obra social nunca presentó un informe en la SSS en más de un año. Ni memorias ni balances. Incluso, el administrador que designó la Justicia el último año, en octubre de 2023 solicitó una ayuda financiera de $3350 millones. Este denominado apoyo financiero supuestamente era para subsanar deudas, algo que no ocurrió, ya que hoy la obra social pasó de tener una deuda de $26.979.000 del 30 de septiembre del año pasado a $43.949.000 en marzo de este año”, indicaron funcionarios al tanto del proceso de intervención.
“Además, en los últimos meses, la SSS se puso en contacto con los prestadores que figuraban que trabajaban con la obra social, pero el 90% dijo que no tenían convenio”, cuestionaron.
