AV PrensaEl gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, asistirá este miércoles al Congreso en señal de respaldo a la ley antimafia que impulsa la ministra de Seguridad nacional, Patricia Bullrich, cuyo debate despunta en comisión.
A pedido de la propia funcionaria de Javier Milei, el jefe de la Casa Gris se presentará, desde las 10, ante la comisión de Seguridad Interior de la Cámara baja para exponer en el marco del tratamiento del proyecto de ley de Bullrich, que cosechó el guiño del santafesino desde un primer momento.
Apenas consumada la ola de violencia extrema de marzo pasado en Rosario, que incluyó el asesinato de cuatro trabajadores, la Nación se metió de lleno en la crisis de seguridad local: aumentó las fuerzas federales, constituyó un comité de trabajo conjunto y activó el sistema acusatorio en la Justicia federal penal de la ciudad.
De hecho, gran parte de esos anuncios fue oficializada por Pullaro, Bullrich y el ministro de Defensa nacional, Luis Petri, en Rosario. “Hay una determinación inquebrantable de terminar con las mafias en la provincia de Santa Fe”, había enfatizado el gobernador por entonces.
El proyecto de ley antimafia impulsado por la Rosada toma antecedentes normativos de Estados Unidos, del gobierno del salvadoreño Nayib Bukele y, particularmente, del histórico combate de Italia al delito organizado.
La iniciativa oficial se aplicaría al “tráfico ilícito de estupefacientes, lavado de activos, homicidios, lesiones, pornografía infantil, privación ilegítima de la libertad, secuestro, coacción, amenazas, extorsión, trata de personas, tráfico de órganos, intimidación pública, incendios, estragos y tenencia ilegal de armas y/o explosivos” que “estén verosímilmente relacionados con los objetivos de una organización criminal”.
En esa línea argumental, el proyecto de ley antimafia agrava las penas de ocho a veinte años de prisión, solo por pertenecer a la asociación bajo la lupa.
De todos modos, días atrás expusieron especialistas ante las comisiones de Legislación Penal y Seguridad Interior y advirtieron que la propuesta no avanza sobre puntos clave como “el financiamiento ilícito de la política, el sistema financiero clandestino y la penetración del crimen organizado en las estructuras estatales”.
