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El pedido de Jury había sido promovido por el diputado provincial José Miguel Gauffin apuntando en su presentación que, del fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación surgiría que los jueces habrían incurrido en mal desempeño al condenar a Santos Clemente Vera en segunda instancia, en tanto –según sus palabras- se habrían arrogado una competencia que es exclusiva de otro tribunal inferior, como es el caso del de Juicio.
Según explicó el jurado de enjuiciamiento de Salta, "la Corte Suprema de Justicia de la Nación revocó el fallo de la Corte local y no cuestionó la actuación de los jueces del Tribunal de Impugnación, como tampoco se expidió sobre la inocencia o culpabilidad de Santos Clemente Vera ni sobre la realización de un nuevo juicio en la causa." Afirmaron en un comunicado.
Esto se resolvió aplicando la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, del Jurado de Enjuiciamiento Nacional y del propio Jurado de Enjuiciamiento de Salta. Allí se afirmó que el contenido de una resolución judicial no puede dar lugar a destitución de los jueces que la suscribieron, máxime cuando las leyes prevén los recursos contra las sentencias y deben ser interpuestos en las causas correspondientes como ocurrió en la causa penal. Esta es una valla contra cualquier intento de arbitrariedad y actúa como una garantía para preservar la independencia del Poder Judicial y de sus jueces.
Ambos jueces al formular su descargo adujeron que la forma de resolver no se apartó de los precedentes del Tribunal de Impugnación confirmados incluso por la Corte Suprema de Justicia de la Nación que al resolver en este caso adoptó una nueva doctrina.
La reunión del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados fue encabezada por la presidenta de la Corte de Justicia Teresa Ovejero. Estuvieron presentes el juez de Corte Pablo López Viñals; los representantes de la Cámara de Senadores Jorge Pablo Soto y Javier Mónico Graciano y el abogado representante de ese cuerpo Guillermo López Mirau; los representantes de la Cámara de Diputados Esteban Amat y Juan Carlos Roque Posse y el abogado representante de ese cuerpo, Pedro Mellado y el Fiscal de Estado Agustín Pérez Alsina.
