Pese a drásticos recortes de gastos vinculados a las jubilaciones, asignaciones familiares y provincias, en febrero las cuentas de la administración pública nacional cerraron con un déficit financiero de $186.635 millones.
Es que el ministro de Economía, Luis Caputo, debió hacer frente a pagos de intereses por $1,1 billones (en especial al FMI), según la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC).
El rojo fiscal no fue mayor porque se computaron $206.024 millones como ingresos de rentas del Fondo de Garantía y Sustentabilidad (FGS) de la ANSeS.
Según la OPC, hubo “retrasos en algunos programas de gastos” y deudas no canceladas en el mercado de electricidad.
En cambio, sí se repitió el superávit primario, que no tiene en cuenta el pago de intereses: fue $929.154 millones, 1.805,5% superior al obtenido un año atrás.
Por el lado de los ingresos (2,6%), mejoró la recaudación del impuesto PAIS, de derechos de exportación e IVA, por el incremento interanual del tipo de cambio.
En tanto, los ingresos por aportes y contribuciones a la seguridad social cayeron 23,6% por la disminución del salario real.
Los gastos corrientes disminuyeron 29,5%. Las mayores caídas se concentraron en jubilaciones y pensiones (33,9%), AUH (4,4%), asignaciones familiares (27%), PAMI (41,1%), provincias (89,8%), energía (61%) y transporte (68,6%).
Por el superávit de enero, las cuentas del primer bimestre siguen en terreno positivo ($1 billón), computando $ 550.571 millones del FGS.
Los ingresos de la administración nacional en enero-febrero alcanzaron los $10,7 billones, mostrando un leve crecimiento de 0,4% en términos reales respecto de igual período del año anterior.
Los gastos primarios sumaron $ 7,2 billones, una caída de 33,6% en términos reales.
“Con excepción de los otros gastos corrientes, que crecieron 31,9% principalmente por las transferencias a hospitales nacionales, todos los conceptos mostraron disminuciones reales en la comparación interanual. Las más significativas se observaron en los gastos de capital (82,4%), en las transferencias corrientes a provincias (73%) y en los subsidios energéticos (59,5%). Las jubilaciones y pensiones se redujeron 33% y, dada su participación en la estructura del gasto, fueron las que más contribuyeron a la reducción total”, indicó la OPC.
El informe destaca que los haberes previsionales no alcanzados por los bonos mostraron una reducción real de 43% durante el primer bimestre, mientras que la pérdida de los haberes mínimos con bono incluido fue 27,8%.
También aclara que “existen deudas no canceladas dentro del Mercado Eléctrico Mayorista, las que suelen ser cubiertas por CAMMESA. En la medida que esta empresa intervenga para cancelar estas deudas, ello repercutirá en gastos a afrontar por el Tesoro durante el período de transición hasta que se reduzca o elimine la brecha entre costos y tarifas”.
El pago de los intereses de la deuda subió 34,2% ($2,4 billones), alcanzando los gastos totales casi $9,7 billones versus $10,7 billones de los ingresos.
El informe aclara que “si bien los resultados fiscales de febrero empeoran respecto de los obtenidos en enero, por el efecto conjunto de estacionalidad y nivel de actividad en los recursos junto con una baja registración de gastos en el primer mes del año, se sitúan en niveles superiores al promedio de una serie de 15 años en el caso del resultado del resultado financiero y en el máximo nivel de la misma en el caso del resultado primario".
Adicionalmente, la OPC dijo que se observa que en febrero persisten retrasos en algunos programas de gastos mientras que, en sentido contrario los intereses de deuda resultan estacionalmente altos de acuerdo al calendario de vencimientos.
Las líneas 7D, 3C y 3B modificarán sus recorridos habituales durante unos 45 días. Se habilitarán paradas provisorias para garantizar el servicio.
La Casa Rosada prevé definir esta semana la reforma del IOSFA y la creación de la Agencia Nacional de Seguridad Migratoria, mientras se confirma el desplazamiento de un funcionario de bajo perfil.
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A través de una resolución del Senasa, el Ejecutivo derogó artículos del decreto 4238/68 con el objetivo de actualizar el marco regulatorio y reducir restricciones al sector.
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