Priscila Corregidor
Al respecto, el ex diputado nacional, Pablo Kosiner, señaló que la amenaza del Presidente de fundir a las provincias, no afecta a los gobernantes, sino principalmente a la gente. “No es un castigo a los gobernadores, es un castigo a la gente que vive en las provincias”, indicó.
“Si las provincias se funden, los que se funden son los que viven adentro de las provincias”
El ex legislador insistió en que “las autoridades políticas son los representantes, pero quienes la van a pasar definitivamente mal son los habitantes de cada una de las provincias”.
Roja directa
Kosiner también se refirió al despido de un ministro que habría filtrado información. “El gobierno en lugar de desmentir la amenaza presidencial, optó por despedir a un ministro de infraestructura, lo que parece confirmar las versiones difundidas por un periodista”, contó.
En la oportunidad, destacó que, en sus 40 años de democracia moderna, nunca se había visto un episodio tan grave en la política argentina. “Es muy preocupante todo lo que está pasando a nivel político en la Argentina, a mí me preocupa muchísimo el manejo que tiene el gobierno en cuanto a calidad institucional”.
Flojito de papeles
Kosiner también expresó su preocupación por la calidad institucional del gobierno, señalando que las acciones actuales contradicen las promesas de estabilidad institucional hechas durante la campaña.
En cuanto al proceso legislativo, resaltó la falta de diálogo y transparencia en el tratamiento del proyecto de ley ómnibus y el DNU, que según dijo, fueron elaborados por estudios de abogados particulares, eludiendo el proceso administrativo convencional.
En el mismo sentido, destacó la improlijidad en el manejo del dictamen en el Congreso, evidenciada por la firma de un documento prácticamente en blanco durante un plenario nocturno. “Algunos legisladores que formaron parte de negociaciones dijeron que le hicieron firmar una cosa y que cuando ven el dictamen que está circulando hay temas que se cambiaron”, dijo en FM ARIES.
Para finalizar, criticó duramente que entre las modificaciones se plantean 11 emergencias con delegaciones plenas de facultades del Congreso hacia el Presidente de la Nación, lo que implica prácticamente cerrar el Congreso en los próximos cuatro años si avanza el proyecto original del Gobierno.
