Se trata de la exjefa del Área Jurídica de la Cámara baja y de una colaboradora. Ambas están acusadas de los delitos de turbación de la posesión y obstrucción de acto funcional, y cumplen con arresto domiciliario. Trascendió que organizaciones de mujeres estarían organizando una marcha para pedir su liberación.
Cuando las mujeres se encerraron, autoridades de la Cámara llamaron a la Policía y acto seguido intervino el fiscal penal Ramiro Ramos Ossorio. En un primer momento, una de las acusadas dialogó con una auxiliar fiscal de la Fiscalía Penal 2 y con un mediador, también con el Secretario Legislativo de la Cámara. Como no hubo avances en la conversación, en horas de la noche, fue solicitado al Presidente de la Cámara de Diputados el ingreso de personal policial del GOPAR, de Bomberos y del SAMEC, con asistencia psicológica y psiquiátrica para ambas mujeres.
Sobre el caso, el fiscal precisó que según las testimoniales obtenidas, la mujer no fue cesanteada, sino removida de la jefatura del Área Jurídica, ya que forma parte de la planta permanente y seguirá afectada al servicio. Luego de que el Juzgado de Garantías 2 hiciera lugar al pedido de detención, ambas mujeres cumplen arresto domiciliario y serán imputadas provisionalmente en las próximas horas por los delitos de turbación de la posesión y obstrucción de acto funcional. Habrían impedido el ingreso a oficinas y documentos pertenecientes al área legal del Poder Legislativo, como así también el acceso a los documentos y registros obrantes en dicho sector a las nuevas autoridades asignadas por las autoridades electas.
