Priscila Corregidor
Ayer se expusieron los alegatos referidos a la causa por homicidio calificado y encubrimiento agravado. La fiscalía solicitó para Martín Oscar Laime la pena de tres años y cuatro meses de prisión efectiva por el delito de encubrimiento agravado. En el caso de la acusada S. A. S. (17 años de edad al momento del hecho) pidió que se la declare penalmente responsable del delito de homicidio calificado y que se remitan las actuaciones al Juzgado de Menores que corresponda.
Hoy comenzaron los alegatos en la causa por incumplimiento de deberes de funcionario público, con siete imputados (operadores del Centro de Coordinación Operativa y Demanda Ciudadana del SE 911 y efectivos policiales). En este caso, el fiscal modificó la carátula y solicitó la condena de Héctor Roberto Herrera, Normando Domingo Corbera, Antonio Exequiel Sanhueso y Juan Carlos Vizgarra como autores penalmente responsables del delito de omisión de un acto funcional, delito que prevé pena de multa e inhabilitación especial. En este caso, el representante del Ministerio Público pidió que se les aplique el máximo de la multa prevista en el artículo y el máximo de inhabilitación especial para ejercer funciones públicas que prevé la ley (un año).
La fiscalía solicitó además sentencia absolutoria para Marcelo Tintilay Cordeyro, Gabriela Valeria Casasola Moyano y Gustavo Javier González.
El juicio se lleva a cabo con tribunal colegiado integrado por los jueces de la Sala VI, Mónica Mukdsi (presidenta), José Luis Riera y Guillermo Pereyra (vocales).
En el juicio están siendo juzgados S. A. S. (menor al momento del hecho), por homicidio calificado por alevosía y criminis causae; Martín Oscar Laime (26), por encubrimiento agravado; Marcelo Tintilay Cordeyro, Héctor Roberto Herrera, Gustavo Javier González, Antonio Exequiel Sanhueso, Juan Carlos Vizgarra, Gabriela Valeria Casasola Moyano y Normando Domingo Corbera, por incumplimiento de deberes de funcionario público.
El hecho ocurrió el 28 de abril de 2020 en una vivienda de Villa Mitre. La víctima era maestra. Fue golpeada y lesionada con un cuchillo en su propia casa. La mujer llamó al Sistema de Emergencia 911 para pedir ayuda.
Los imputados por el delito de incumplimiento de deberes de funcionario público se desempeñaban en el Sistema de Emergencia 911 (Centro de Coordinación Operativa y Demanda Ciudadana). Dos de ellos son los efectivos policiales que acudieron al domicilio de la damnificada después de que se comunicó telefónicamente.
Por el Ministerio Público interviene el fiscal de la UGAP 1, Leandro Joaquín Flores. Por la parte querellante se presentan Pablo Tort y Juan Pablo Ochoa (Fundación Cintia Fernández). La defensa de los acusados está a cargo de Miguel Fernando Páez (S. A. S.), la defensora oficial penal Patricia González (Laime), el defensor oficial penal Jorge Eduardo Bonetto (Tintilay Cordeyro), Andrés Chibán (Casasola Moyano), Pablo Alberto González (Herrera y González), Carlos Fernando Rojas (Corbera), Ariel Vázquez (Sanhueso) y Nicolás Ceferino Vedia (Vizgarra).
