Dos choferes de colectivos acusados de participar de la agresión al ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, fueron detenidos en las últimas horas por la Policía de la Ciudad.
Los arrestos fueron pedidos por el fiscal Carlos Rolero Santurián, titular de la Fiscalía en lo Penal y Contravencional N°31 quien investiga la golpiza sufrida por el funcionario en el marco de las protestas por el crimen del colectivero de la Línea 620 en Virrey del Pino ocurrido en la madrugada del lunes. Los choferes detenidos se encuentran acusados de los delitos de lesiones leves, atentado y resistencia a la autoridad: las detenciones fueron avaladas por la jueza Luisa Escrich.
Los detenidos fueron identificados como Jorge Galiano y Jorge Ezequiel Zerda. Ambos eran fácilmente identificables ya que sus caras quedaron registradas -cuando atacaron al funcionario- por las cámaras de seguridad de la zona y de los medios de comunicación que cubrieron la protesta. Por lo pronto, esperan encerrados en una alcaidía de la fuerza porteña. En los arrestos también participó personal de la DDI de Morón de la Policía Bonaerense.
Berni había aclarado que no iba a realizar denuncia alguna contra sus agresores. La causa de la Fiscalía N°31 fue iniciada de oficio tras los incidentes, en los que ocho policías resultaron heridos además del ministro. Por su parte, el ministro de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, Julio Alak, decidió formular una presentación ante la Justicia nacional para que se esclarezcan los hechos que tuvieron como víctima al titular de la cartera de Seguridad.
Alak consideró que los hechos sufridos por Berni configuran los delitos de atentado contra la autoridad, lesiones e intimidación pública. Aclaró que, si bien Sergio Berni tomó la decisión personal de no denunciar el ataque, la gravedad institucional de lo sucedido justifica la intervención de la justicia con miras a su esclarecimiento.
La presentación ante la Justicia responde a que los hechos tuvieron en el ámbito jurisdiccional de CABA, pero, según su consideración, “la calificación jurídica de los hechos excede la competencia de la Justicia contravencional porteña”.
