Cassandre tenía 29 años, era francesa e historiadora. Hace 11 años había llegado a Buenos Aires por estudios, conoció a Houria Moumni de 24 años y se hicieron amigas. Juntas viajaron a Salta para recorrer el norte argentino.
El 29 de julio de 2011 un turista correntino las encontró muertas en el Mirador de San Lorenzo, en un cerro a unos 12 kilómetros del centro de Salta. Habían sido víctimas de un abuso sexual y después asesinadas. Según los registros, habían ingresado a esa reserva natural el 15 de julio alrededor de las 18, dos semanas antes.
La investigación estuvo atravesada por la violencia, la impericia, la conmoción en la provincia, en el país y también en Francia. Jean Michel Bouvier, padre de una de las victimas, se reunió con la entonces presidenta, Cristina Fernández de Kirchner y le pidió ayuda para los avances de la investigación. Celebró, un año después, la modificación del Código Penal al incorporar la figura de femicidio como agravante en los crímenes de género.
A Cassandre la encontraron primero, después a Houria. No había más que dos cuerpos en un sitio alejado, sin testigos ni indicios de cómo habían llegado ahí. Sólo material genético sin sospechosos con quienes contrastarlos.
La Policía salteña empezó una persecución brutal. Detuvieron a personas por sus antecedentes penales o simplemente por vivir cerca del lugar del hallazgo. Los golpearon, los torturaron e intentaron obligarlos a confesar, apurados porque hacía algunos días habían denunciado la desaparición de María Cash y no tenían (ni tuvieron) indicios de su paradero.
Fue gracias al celular de Houria y a que Gustavo Lasi (34) intentó usarlo con su chip, que llegaron a él. Las había matado -se comprobó- con una carabina de su padre, les había robado la cámara de fotos para regalársela a su novia y encontraron su material genético en el cuerpo de las chicas. Les robó, las violó y después las mató.
En 2014 se realizó se realizó el juicio contra los tres imputados. Gustavo Lasi fue condenado a 30 años.
Según consta en el expediente señaló a dos cómplices: Santos Clemente Vera (41) y Daniel Vilte Laxi (34). Lasi intentó -sin éxito- confesar la violación para evadir la acusación por el femicidio y no ser condenado a perpetua. Dijo -una y otra vez- que Vera y Vilte Laxi habían disparado. Le cuestionaron contradicciones y cambios en su declaración.
Vera y Vilte Laxi fueron absueltos. Esa decisión separó a las familias: Jean Michel Bouvier les manifestó su apoyo y acusó a los investigadores de culpar a un inocente. Pidió, muchas veces, que recibieran un resarcimiento por el tiempo que habían estado detenidos.
La fiscalía y el resto de los familiares de las víctimas, incluso la mamá y la hermana de Cassandre, apelaron ante el Tribunal de Impugnación, igual que el fiscal penal de Salta.
El 3 de febrero de 2016 Santos Vera supo que volvería a la cárcel: desde entonces está preso en el penal de Villa Las Rosas.
La Sala III del Tribunal de Impugnación dispuso condenar a Gustavo Lasi a la pena de prisión perpetua como "coautor material y penalmente responsable de los delitos de robo calificado por el uso de arma de fuego, abuso sexual con acceso carnal agravado por la participación de dos o más personas y el uso de armas (dos hechos) y homicidio 'criminis causae' (dos hechos), todo en concurso real". Es decir, agravó su condena.
Sostuvieron la absolución de Daniel Octavio Eduardo Vilte Laxi "por aplicación del beneficio de la duda" y condenaron a Santos Clemente Vera a perpetua por los mismos delitos que Lasi, todo en un mismo combo.
¿Condenaron a un inocente?
Tanto el abogado de Vera, José "Cacho" Vargas, como la organización Innocence Project, denunciaron irregularidades en la investigación y en el procedimiento realizado por el Juzgado de Impugnación.
Entre los rumores que circularon en la provincia se habló de hijos del poder, de la participación de la Policía en los abusos y de maniobras de encubrimiento para proteger a poderosos de la elite salteña. Lo cierto es que, la premura por cerrar el caso y condenar a los responsables para evadir las críticas internacionales, "entorpeció la transparencia del proceso", advirtieron las partes.
En total, Vera lleva 9 años y medio detenido, y ahora está a la espera de una resolución de la Corte Suprema de Justicia con la esperanza de que revoquen su condena.
El recurso de queja ingresó el 1° de agosto de 2017. El procurador General de la Nación, Eduardo Casal, emitió su dictamen el 16 de junio de 2020 y volvió a circular por las vocalías de la corte. Ya lo vieron tres de los cinco jueces.
Manuel Garrido es el director de Innocence Project Argentina, una organización que patrocina a personas condenadas por crímenes que no cometieron.
