El Doctor Carlos Saravia, presidente del Ente Regulador de Servicios Públicos, detalló que más de 50 urbanizaciones y desarrolladores deberán inscribirse en el Registro Único de Operadores de Servicios Públicos Sanitarios (RUOSPS). En este marco, se fijó un período de transición de un año para que se regularicen estas situaciones.
“Hay alrededor de 53 barrios en donde no se factura el agua”, manifestó el dr. Saravia, por lo que se buscará regularizar la situación, ya que es “una situación de anarquía” en donde “hacen pozos propios que no están medidos” agregó.
En este sentido, los barrios privados deberán garantizar macromedición, calidad de agua potable y pago de seguros. También deberán regularizar el manejo de los afluentes cloacales.
Sobre la captación del agua se fijan límites para que los desarrolladores privados no extraigan más agua que la autorizada por la Secretaría de Recursos Hídricos según las disponibilidades de las fuentes, y también se impone la instalación de caudalímetros para “evitar los excesos” que afectan las fuentes, sobre todo en período de verano y puesto que en dichos barrios “pagan $400 anualmente”.
Se ordena, también, que se presenten protocolos de potabilización del agua, como también cronogramas de controles y realización de análisis para garantizar la salud de la población de esas urbanizaciones.
En la misma línea se ha dispuesto que los operadores de estos servicios sanitarios paguen un seguro de responsabilidad, garantizando a los usuarios cobertura indemnizatoria en caso de eventuales siniestros.
El presidente del Enresp, Carlos Saravia, expresó que “A partir de ahora los que operan el agua potable y los desagües cloacales tendrán reglas claras y serán controlados porque los excesos de algunos provocan la escasez de otros. Es notoriamente injusto que los que tienen más solvencia económica y viviendas con alto consumo no paguen tarifas, mientras que los vulnerables estén obligados a abonar a Aguas del Norte por el servicio, a veces deficiente. Esto se va a revertir. Por supuesto, trabajamos generando consensos y fijando un plazo de transición de un año. La demora del Estado, y del Enresp en particular, ha sido parte del problema y no es justo solamente cuestionar al privado”.
