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El empresario Lázaro Báez fue formalmente imputado como cabecilla de una organización dedicada al lavado de activos que operaba, presuntamente, desde su lugar de detención en el Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza.
La acusación fue presentada en dos audiencias judiciales celebradas en Santa Cruz, en el marco de una investigación conjunta que sacude el tablero judicial patagónico.
La formalización de los cargos estuvo a cargo de la Unidad Fiscal Río Gallegos, liderada por el fiscal federal Julio Zárate, y de la PROCELAC, representada por el auxiliar fiscal Jorge Rodríguez Ponte. Los funcionarios judiciales presentaron el caso ante el juez federal de Garantías de Río Gallegos, Claudio Marcelo Vázquez, donde detallaron una organización delictiva que involucra a 16 personas divididas en dos expedientes conexos.
