Un giro judicial en España volvió a poner a Julio Iglesias en el centro de un grave escándalo internacional. Nueve meses después de que se archivara una primera denuncia, el Ministerio Público respaldó un nuevo informe que declara a la Audiencia Nacional competente para investigar al cantante de 83 años por presuntos abusos sexuales y maltrato laboral. La causa fue impulsada por dos exempleadas que trabajaron ofreciendo servicios de fisioterapia en las mansiones que el artista posee en República Dominicana y Bahamas durante el año 2021.
El expediente original había sido desestimado a principios de año luego de que la fiscalía determinara que el tribunal español carecía de jurisdicción por tratarse de hechos ocurridos en el extranjero. Sin embargo, tras la presentación de una nueva querella en septiembre, el fiscal Vicente González Mota revirtió este criterio y habilitó el proceso con el apoyo directo de la Fiscalía General del Estado. Ahora, la decisión de iniciar formalmente las pesquisas judiciales quedó exclusivamente en manos del juez Antonio Piña.
Las denunciantes, cuyas identidades fueron reservadas y cuentan con el respaldo de la organización Women’s Link Worldwide, aportaron un voluminoso material probatorio que incluye mensajes de WhatsApp, grabaciones y documentos laborales. En sus testimonios, revelaron haber padecido un régimen de servidumbre: acusaron a Iglesias de agredirlas sexualmente, revisar sus teléfonos, prohibirles salir de la vivienda e imponerles jornadas de 16 horas diarias sin descanso, obligándolas incluso a someterse a estudios ginecológicos forzados. Desde la defensa del artista negaron rotundamente los hechos y mantienen el pedido de archivo.
