El incumplimiento de las obligaciones familiares refleja cifras alarmantes en la provincia. En lo que va del año, el Registro Provincial de Deudores Alimentarios Morosos superó la barrera de las 2.080 personas inscriptas, lo que representa un drástico incremento de casi 400 nuevos infractores respecto a los números que la dependencia arrojaba a principios de 2026.
La preocupante tendencia al alza contrasta directamente con la escasa cantidad de regularizaciones, ya que la nómina judicial apenas promedia entre una y dos bajas mensuales. Cabe destacar que la inclusión en este registro negro no es una medida automática, sino que representa la última instancia a la que se recurre tras agotar diversas herramientas legales previas, como mediaciones, intimaciones y apercibimientos formales.
Formar parte de este listado de deudores conlleva severas consecuencias legales y administrativas. Como mecanismo disuasivo para obligarlos a pagar, los jueces pueden aplicar embargos en billeteras virtuales, prohibiciones para salir del país y el bloqueo mediante el programa Tribuna Segura, un sistema que cruza datos con Nación y les impide el acceso a cualquier partido de fútbol.
