El Concejo Deliberante aprobó este miércoles el proyecto de ordenanza que prohíbe la publicidad sonora emitida desde aeronaves cuando pueda ser percibida desde el suelo dentro del ejido municipal de la ciudad de Salta.
La iniciativa declara ese espacio como “Ambiente Sonoro Protegido” y busca preservar el descanso, la tranquilidad, la salud y la calidad ambiental de los vecinos. La prohibición comprende las emisiones sonoras realizadas con fines publicitarios, promocionales, institucionales o proselitistas.
Durante el tratamiento surgieron diferencias respecto de las facultades del Municipio para regular este tipo de actividad. La concejal Agustina Álvarez cuestionó la iniciativa al considerar que la materia aeronáutica corresponde al ámbito federal y se encuentra alcanzada por el Código Aeronáutico y las competencias de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC).
El autor del proyecto, Gustavo Farquharson, respondió que la ordenanza no busca regular la actividad ni la circulación de las aeronaves, sino actuar sobre el impacto que producen los altoparlantes instalados en avionetas. Además, remarcó especialmente los efectos que los ruidos pueden generar en personas con discapacidad o hipersensibilidad.
“Este proyecto tiene que ver con mejorar la calidad de vida de todas las personas que habitan esta ciudad”, sostuvo Farquharson.
El concejal Gonzalo Nieva también respaldó la propuesta y señaló que permaneció durante más de cinco meses en distintas comisiones para su análisis. Según explicó, la norma no modifica disposiciones del Código Aeronáutico, sino que aborda la contaminación sonora desde las competencias ambientales municipales.
En la misma línea, Camila Lobo sostuvo que la medida se relaciona con la salud pública, el ambiente y el bienestar general. “Regular el ruido en nuestro espacio aéreo no es una opción comercial. Es un deber de salud pública, de ambiente y de bienestar general”, expresó.
Por su parte, Erica Castro planteó reparos y consideró necesario profundizar el análisis, al advertir que ya existen otras regulaciones contra la contaminación sonora que presentan dificultades para su efectivo cumplimiento.
Finalmente, el proyecto fue aprobado y contempla sanciones económicas para quienes incumplan la prohibición, además de mecanismos de control y canales para efectuar denuncias. La ordenanza establece excepciones para situaciones relacionadas con seguridad, defensa civil, emergencias y determinadas operaciones sanitarias.
