A partir del sábado 5 de septiembre entra en vigencia en todo el país la Ley 27.801 del Régimen Penal Juvenil, una normativa que modifica de manera integral el tratamiento de los menores ante la ley y deroga el régimen de minoridad que regía desde 1980. La medida más trascendente establece la baja en la edad de imputabilidad, permitiendo que adolescentes de entre 14 y 18 años puedan ser juzgados y sancionados por delitos previstos en el Código Penal.
La nueva legislación aplica un límite estricto a las sanciones punitivas: prohíbe de forma expresa la prisión o reclusión perpetua para menores de edad y fija un tope máximo de 15 años de pena privativa de la libertad, incluso en situaciones de concurso de delitos graves. Asimismo, la norma alcanza a la totalidad de las infracciones penales sin hacer las distinciones que realizaba el marco legal anterior.
Prioridad de medidas socioeducativas y centros especializados El espíritu del nuevo régimen establece que la privación de la libertad debe aplicarse como último recurso. Antes de llegar a una condena de cárcel, el sistema prioriza la aplicación de medidas socioeducativas y de justicia restaurativa, tales como amonestaciones, prestación de servicios comunitarios, régimen de mediación y monitoreo electrónico.
En los casos donde corresponda la prisión efectiva, la ley prohíbe el alojamiento de menores en cárceles comunes junto a adultos. Las penas deberán cumplirse en establecimientos de detención especializados, con la intervención de jueces, fiscales y defensores capacitados específicamente en derechos de la niñez y adolescencia. Solo al cumplir los 18 años, si el joven mantiene una condena efectiva pendiente, podrá evaluarse su traslado a un centro de reclusión para adultos.
En la provincia de Salta, los distintos estamentos del Poder Judicial y la Corte de Justicia coordinan la adecuación del fuero local para la entrada en vigor de la norma federal. Aunque Salta dispone de un código de procedimiento penal especializado, la normativa nacional unifica el piso de imputabilidad en los 14 años y exige la adecuación de la infraestructura institucional y los recursos de contención para cumplir con las disposiciones del nuevo sistema.
