La Justicia Federal de La Plata procesó este martes a Nélida Agustina Bisio, extitular de ANMAT, y a Gabriela Mantecón Fumado, exdirectora de INAME, en el marco de la investigación por el fentanilo contaminado.
El juez Ernesto Kreplak también les trabó un embargo por 500 mil millones de pesos y les dictó la prohibición de salida del país.
Bisio estuvo al frente de la ANMAT hasta comienzos de este año, cuando presentó su renuncia. En tanto, Mantecón Fumado se desempeñó como directora del INAME hasta el 21 de agosto del año pasado, fecha en la que fue apartada preventivamente de su cargo.
Ambas estuvieron detenidas en el marco de la causa y recuperaron la libertad tras pagar una fianza de $75 millones cada una.
En el expediente, el Ministerio Público Fiscal sostiene que los laboratorios HLB Pharma Group S.A. y Laboratorios Ramallo S.A., controlados por el grupo familiar de los hermanos García Furfaro, acumulaban antecedentes de incumplimientos e irregularidades en las buenas prácticas de fabricación de medicamentos.
Los fiscales consideran que esos antecedentes respondían a la existencia de un supuesto “manto de cobertura estatal” que permitió que ambas empresas continuaran desarrollando su actividad “en pésimas condiciones de calidad”. Según esa hipótesis, esa situación derivó en la contaminación del fentanilo elaborado por HLB.
La investigación intenta establecer si existieron responsabilidades de funcionarios encargados del control sanitario que, por acción u omisión, habrían permitido que los laboratorios continuaran operando pese a las irregularidades detectadas.
El caso
El caso comenzó el 13 de mayo de 2025, cuando el Hospital Italiano de La Plata detectó un brote infeccioso inusual en pacientes internados que habían recibido fentanilo de la marca HLB.
Los análisis posteriores determinaron que las ampollas estaban contaminadas con bacterias como Klebsiella pneumoniae y Ralstonia mannitolilytica, microorganismos que luego fueron encontrados también en los hemocultivos de pacientes fallecidos en hospitales de distintas provincias.
Según la resolución judicial, el medicamento adulterado fue producido en condiciones “plagadas de serias deficiencias”, con graves incumplimientos de las Buenas Prácticas de Fabricación, controles microbiológicos irregulares y documentación presuntamente adulterada para aparentar procesos de calidad que, en realidad, no existían.
El fentanilo contaminado salió al mercado entre enero y mayo de ese año y se distribuyó en hospitales públicos y privados de al menos 17 jurisdicciones del país
La resolución también aclara porque, pese a que se habla de más de 110 posibles víctimas fatales, el procesamiento en principio se amplió por 90 muertes y 44 víctimas no fatales. El expediente cuenta con más de 400 legajos e incidentes en trámite, lo que arroja un aproximado de 600 cuerpos, sin contar las historias clínicas analizadas.
El juzgado explicó que cada caso debe analizarse individualmente mediante juntas médicas y pericias del Cuerpo Médico Forense para determinar si existe relación causal entre la infección y el suministro del fentanilo contaminado.
