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El fiscal Gerardo Pollicita intimó formalmente al exjefe de Gabinete de la Nación, Manuel Adorni, a que brinde explicaciones sobre su sorpresivo crecimiento patrimonial. En el marco de la causa que lo investiga por presunto enriquecimiento ilícito, la fiscalía presentó un requerimiento de 207 hojas ante el juzgado de Ariel Lijo. El objetivo es que el exfuncionario justifique el incremento de sus bienes personales y los de su esposa, Bettina Angeletti, registrados desde que asumió en la función pública el 14 de diciembre de 2023 hasta su renuncia, el 27 de junio pasado. A partir de la notificación, su defensa, encabezada por el abogado Matías Ledesma, contará con un estricto plazo de 15 días para presentar la documentación respaldatoria.
La investigación judicial se fundamenta en un minucioso informe técnico elaborado por especialistas del Ministerio Público, el cual expone graves inconsistencias entre los ingresos declarados y el nivel de vida del matrimonio. Según fuentes de la investigación, el grupo familiar acreditó ingresos lícitos por casi 230 millones de pesos a través de 35 sueldos, pero en el mismo período afrontó gastos documentados que superaron los 272 millones de pesos, generando una diferencia injustificada de más de 43 millones de pesos. A este desfasaje se suma la exigencia de explicar el origen de más de 400.000 dólares destinados a operaciones inmobiliarias y refacciones en el country Indio Cuá y en la calle Miró, así como la sospechosa intervención de empleados públicos para abonar consumos del exfuncionario con tarjetas de crédito.
Dentro de los 20 puntos requeridos por la fiscalía, Adorni también deberá esclarecer detalladamente su supuesta operatoria con criptomonedas y supuestos ingresos exentos o donaciones familiares. Acorralado por los números, el exfuncionario había declarado recientemente en una entrevista televisiva poseer "ahorros en negro" provenientes de inversiones en criptoactivos previas a su asunción. Sin embargo, estos fondos jamás fueron incluidos en sus declaraciones juradas ante la Oficina Anticorrupción. En caso de que las justificaciones y los comprobantes presentados no logren evacuar las dudas de los investigadores, el próximo paso será el llamado a declaración indagatoria, una medida que recaerá exclusivamente en manos del juez Lijo.
