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La acusación incluyó violación de los deberes de funcionario público, violación de secretos y deberes de confidencialidad, falsificación de documentos públicos y violación del secreto estadístico.
Según el escrito, Caputo habría ordenado mantener el cálculo del Índice de Precios al Consumidor con una metodología desactualizada, pese a que el propio organismo había resuelto aplicar una nueva fórmula desde enero de 2026. La decisión, reconocida públicamente por el ministro, tuvo como objetivo postergar el impacto de la recomposición tarifaria sobre la inflación.
La denuncia también apunta que Caputo anticipó en redes sociales datos del IPC antes de su difusión oficial y reconoció diferencias entre los resultados según la metodología utilizada, lo que constituyó una violación directa a la ley 17.622.
Los legisladores advirtieron que estas maniobras tienen consecuencias económicas y sociales concretas, ya que el IPC incide en jubilaciones, pensiones, asignaciones y negociaciones salariales.
Subrayaron, además, que el marco legal vigente protege la independencia técnica del sistema estadístico y prohíbe interferencias políticas, una garantía clave para la credibilidad macroeconómica del Estado. En ese marco, recordaron que el bloque había impulsado un pedido de interpelación al ministro en el Congreso para que diera explicaciones formales.
