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La intención del Gobierno es garantizarse el equilibrio fiscal y cerrar el frente judicial que mantiene con las universidades desde octubre del 2025. Para ello, buscan reemplazar la actual ley ratificada por el Congreso por otro proyecto que contemple un aumento en gastos de funcionamiento e ingresos de los trabajadores, pero que sea inferior a la proyección dispuesta en la Ley de Financiamiento Universitario aprobada en septiembre, estimado en 0,23% del PBI.
La propuesta comenzó a delinearse tras una reunión en la primera semana del mes entre el secretario de Educación, Carlos Torrendell, y el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, y las dos principales autoridades del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), Carlos Greco (UNSAM) y Franco Bartolacci (UNR). Ambos académicos expresaron a la prensa buenas sensaciones tras el encuentro, en el que insistieron en el reclamo por seguridad jurídica para las universidades y un sinceramiento paritario con los gremios docentes y no docentes, que reciben aumentos discrecionales por decreto desde octubre del 2024.
De oficializarse la medida mediante la publicación de un decreto en el Boletín Oficial, el proyecto se incluiría a la agenda que el oficialismo viene impulsando en el Congreso: la reforma laboral, el Régimen Penal Juvenil, el acuerdo Mercosur-Unión Europea y la modificación a la ley de Glaciares.
