FH PRENSA
El soldado Rodrigo Andrés Gómez, de 21 años, que se suicidó mientras cumplía funciones de custodia en la Quinta Presidencial de Olivos, fue víctima de una organización criminal dedicada a extorsiones digitales que operaba desde cárceles de la provincia de Buenos Aires. El dato fue confirmado por la ministra de Seguridad y por la jueza federal Sandra Arroyo Salgado, a cargo de la investigación.
Gómez murió en la madrugada del 16 de diciembre, durante una guardia en uno de los puestos de vigilancia del predio donde reside el presidente Javier Milei. En un primer momento se informó oficialmente que se había quitado la vida, hipótesis que ahora fue ratificada judicialmente, aunque la investigación permitió establecer que el joven estaba sometido a una fuerte extorsión económica y psicológica.
Según explicaron las autoridades, la maniobra se inició a través de una aplicación de citas, mediante un perfil falso que derivó en amenazas y pedidos de dinero. La banda simulaba una denuncia por un presunto delito y utilizaba audios intimidatorios y llamados de falsos policías para presionar a sus víctimas.
La investigación culminó con la detención de al menos siete personas y múltiples allanamientos, tanto en domicilios particulares como en unidades penitenciarias. Los principales responsables coordinaban las estafas desde el interior de las cárceles, utilizando teléfonos celulares para contactar a las víctimas y gestionar las transferencias de dinero.
Durante la presentación del caso, los funcionarios advirtieron sobre la gravedad del fenómeno y señalaron que “un celular en una cárcel es un arma”. Además, destacaron que el objetivo de dar a conocer la modalidad es prevenir nuevos hechos y evitar que otras personas atraviesen situaciones similares.
