FH PRENSA
A pocos días de cumplirse diez años de la detención de Milagro Sala, el Gobierno nacional solicitó ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que se ponga fin a su prisión domiciliaria y que la dirigente social cumpla su condena en un establecimiento penitenciario común.
La presentación fue realizada por la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Nación, que sostuvo que Sala fue condenada con sentencia firme a quince años de prisión por delitos de asociación ilícita, fraude a la administración pública, extorsión y amenazas. Según el organismo, la modalidad domiciliaria “no corresponde” en función de la gravedad de los hechos comprobados judicialmente.
En el escrito elevado a la CIDH, el Estado argentino rechazó los planteos de la defensa sobre presunto hostigamiento judicial. Además, aportó documentación que indicaría incumplimientos de las condiciones del arresto domiciliario, entre ellos el cambio de domicilio sin autorización, lo que activó alertas en el sistema de monitoreo electrónico.
Desde el Ministerio de Justicia señalaron que la medida dispuesta por el tribunal internacional en 2017 terminó convirtiéndose en un privilegio que mantiene a Sala fuera del sistema penitenciario pese a contar con una condena ratificada por la Corte Suprema. “La República Argentina cumple con sus obligaciones internacionales, pero no puede convalidar beneficios indebidos”, remarcaron.
Sala cumplió en enero dos tercios de su condena, lo que la habilita legalmente a solicitar la libertad condicional. Actualmente se encuentra internada en un hospital de La Plata, mientras su defensa insiste en denunciar irregularidades y un trato excepcionalmente riguroso por parte del sistema judicial.
