AA PRENSA
Un operativo encabezado por la Policía Federal Argentina (PFA) logró frustrar planes de ataques contra establecimientos educativos en las provincias de Jujuy y Buenos Aires, que estaban siendo planificados por dos menores de edad a través de redes sociales.
La investigación se inició en julio del año pasado, luego de que el FBI de Estados Unidos enviara un informe a la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (UFECI), a cargo del fiscal Horacio Azzolin. En el documento se alertaba sobre conversaciones detectadas en una red social, donde dos usuarios intercambiaban mensajes con contenido de odio, antisemitismo y supremacía racial, además de manifestar su intención de llevar adelante una masacre escolar.
Ante la gravedad de la situación, la UFECI dio intervención al Departamento Unidad de Investigación Antiterrorista (DUIA) de la PFA, con supervisión del Ministerio de Seguridad de la Nación. A partir del uso de técnicas de Inteligencia de Fuentes Abiertas (OSINT), los investigadores lograron identificar a los sospechosos: dos menores de edad, uno domiciliado en la ciudad de La Quiaca, Jujuy, y el otro en Miramar, provincia de Buenos Aires.
Con el avance de la causa, también se detectaron otros domicilios vinculados a la planificación de los ataques, ubicados en los partidos bonaerenses de San Martín y Quilmes. Con las pruebas reunidas, el Juzgado Federal N° 3 de Mar del Plata, a cargo del juez Santiago Inchausti, ordenó una serie de allanamientos, uno de los cuales se realizó en Jujuy con la colaboración de la División Unidad Operativa Federal La Quiaca.
Como resultado de los procedimientos, se secuestraron cuchillos de caza, municiones de arma de fuego, notebooks, teléfonos celulares, una tablet, documentación de interés para la causa y material con simbología nazi.
La causa fue caratulada como “Intimidación Pública” y todos los elementos incautados quedaron a disposición de la Justicia Federal. Desde las fuerzas de seguridad advirtieron que este tipo de hechos se enmarca en una tendencia global de radicalización juvenil a través de entornos digitales, fenómeno que en los últimos dos años ya registró al menos 13 casos similares en el país.
