FH PRENSA
La investigación judicial sobre la financiera Sur Finanzas incorporó un elemento determinante: la confirmación de un esquema organizado y jerárquico destinado a eliminar pruebas y ocultar información sensible ante la inminencia de allanamientos. Así lo determinó la Justicia al analizar comunicaciones internas que detallan maniobras sistemáticas de encubrimiento.
La causa es instruida por el juez federal de Lomas de Zamora, Luis Armella, junto a la fiscal Cecilia Incardona, y tiene como principal apuntado a Ariel Vallejo, titular de la empresa y empresario con vínculos cercanos al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia. El expediente investiga presunto lavado de activos a gran escala.
Según consta en el fallo, entre el 1 y el 11 de diciembre de 2025 se activó un “protocolo de emergencia” que incluyó el borrado de cámaras de seguridad, el retiro de dinero en efectivo, el formateo de computadoras, la desconexión de sistemas y el ocultamiento de dispositivos electrónicos.
La reconstrucción del plan se apoya en chats internos que evidencian una cadena de mando definida. En uno de los intercambios, la secretaria de Vallejo instruyó a la tesorera Micaela Sánchez para que un empleado recaudara dinero y otro eliminara los registros fílmicos, mientras se apartaba deliberadamente al personal técnico del área de Sistemas.
Las maniobras quedaron al descubierto el 11 de diciembre, cuando un vecino alertó sobre una mudanza irregular hacia un galpón en Turdera. Allí, la Policía Federal halló documentación, servidores y cajas fuertes, y detuvo a Sánchez y a dos choferes, quienes luego fueron procesados por encubrimiento agravado.
