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El incendio registrado el 26 de octubre en la Alcaidía General N° 1 de Salta expuso fallas de seguridad que, según Andrés Giordamachi, comisionado del Comité Provincial para la Prevención de la Tortura, hubieran «evitado los daños que terminaron ocurriendo» de haberse atendido. El pabellón afectado carecía de equipamiento básico de prevención y funcionaba con sobrepoblación extrema.
Giordamachi explicó en una entrevista radial que el sector siniestrado albergaba aproximadamente 110 internos en un espacio no habilitado para esa cantidad de personas. «Las celdas no contaban con baños, no había matafuegos cercanos, los colchones no eran ignífugos y el pabellón tampoco tenía cámaras de vigilancia», detalló el funcionario.
El informe del Comité reveló que las celdas diseñadas para ocho personas según la cantidad de cuchetas contenían hasta 25 internos. Giordamachi recordó que los tratados internacionales de Derechos Humanos establecen un máximo de cuatro personas por celda, evidenciando un incumplimiento flagrante de los estándares de habitabilidad.
La situación de hacinamiento no se limita a la Alcaidía. El sistema carcelario provincial registra un 45% de sobrepoblación a nivel general, según estimaciones del Comité. La Comisaría Primera de Metán ejemplifica esta crisis: el 25 de noviembre albergaba 32 detenidos en tres celdas con capacidad total para 11 personas, situación que derivó en peleas y movilización de fuerzas de seguridad.
Según publicó El Tribuno, tres detenidos permanecen internados tras el incendio y requieren curaciones constantes y apoyo psicológico. El comisionado confirmó que el fallecido, identificado como Vendaño, había recuperado la libertad un día antes del siniestro pero no llegó a enterarse de esa resolución.
Giordamachi sostuvo que la construcción de nuevas unidades carcelarias solo ofrecería una solución parcial sin revisar la política criminal provincial. «Las cárceles siempre se llenan. Si se sigue intentando resolver problemas sociales con mano dura y derecho penal, ninguna ampliación será suficiente», concluyó. El Comité publicará su informe anual sobre la situación carcelaria entre enero y febrero.
