La CIDH evalúa una visita a la Argentina por denuncias de agresiones y restricciones a la prensa

La libertad de expresión en la Argentina volvió a quedar bajo la lupa internacional tras una audiencia celebrada en la Universidad de Miami, donde la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) escuchó denuncias sobre un incremento de agresiones, hostigamiento digital y violencia institucional contra periodistas desde la llegada de Javier Milei al poder. La presentación estuvo a cargo de FOPEA, CELS y otras entidades, acompañadas por periodistas y reporteros gráficos.

Según expuso Paula Moreno, presidenta de FOPEA, el país atraviesa un “deterioro veloz y pronunciado” del clima para el ejercicio periodístico. La organización registró 257 ataques en lo que va de 2025, un récord histórico y un incremento notable respecto a años anteriores. Otros testigos, como Julia Mengolini y Hugo Alconada Mon, relataron amenazas, campañas de odio y presuntas acciones intimidatorias desde el aparato estatal.

En contraste, el subsecretario de Derechos Humanos, Alberto Baños, defendió la actuación del gobierno y aseguró que no existe una persecución sistemática contra la prensa. Sostuvo que los casos mencionados corresponden a “hechos aislados” y que la libertad de expresión continúa plenamente vigente, cuestionando además que la audiencia se hubiera extendido más allá de su objeto inicial.

Las autoridades de la CIDH expresaron inquietud por el escenario presentado. La secretaria ejecutiva, Tania Reneaum Panszi, advirtió que no se trata de episodios individuales, sino de una tendencia que muestra “amenazas y criminalización” hacia periodistas y activistas. El Relator Especial, Pedro Vaca, recordó que las palabras de un gobernante tienen efectos concretos y pueden incrementar los riesgos contra la prensa.

Al finalizar, el presidente de la CIDH, José Luis Caballero, manifestó el interés del organismo en realizar una visita formal a la Argentina para evaluar la situación de manera directa. Las organizaciones solicitantes pidieron también un informe de país, la derogación del decreto que limita el acceso a la información pública y la creación de un observatorio permanente.