Arranca el juicio político contra la jueza Makintach por la grabación del documental “Justicia Divina”

El futuro de Julieta Makintach se define desde este jueves en el anexo de la Cámara de Senadores de la provincia de Buenos Aires. La jueza, que integró el tribunal encargado de enjuiciar a los acusados por la muerte de Diego Armando Maradona, enfrenta un juicio político que podría dejarla fuera de la Justicia.

La audiencia, que comienza a las 9, marca el inicio de un proceso que ya generó fuertes cruces y denuncias de persecución. Makintach está acusada de haber grabado sin autorización el documental “Justicia Divina”, centrado en el juicio por la muerte del ídolo, y podría ser destituida si el jurado así lo decide.

El Jurado de Enjuiciamiento está compuesto por los abogados Agustín Grillo Ciocchini, Álvaro García Orsi, Mirta Daniela Greco, María Victoria Lorences y Fabián Ramón González; y los legisladores Ariel Martínez Bordaisco y Sergio Raúl Vargas (senadores), Guillermo Ricardo Castello, Abigail Gabriela Gómez y Maite Milagros Alvado (diputados).

La lista de testigos de parte de la acusación la integran todos los familiares de Maradona que presenciaron el juicio frustrado. También distintos abogados, periodistas y hasta los jueces que integraban junto a ella el Tribunal Oral en lo Criminal N° 3 de San Isidro.

Pero los primeros en declarar son el fiscal del juicio de Maradona, Patricio Ferrari; tres policías que dejaron entrar las cámaras a la sala de audiencias; y Jorge Ignacio Huarte, realizador audiovisual. Del lado de la defensa, fueron citados cuatro exalumnos de la jueza, y dos responsables de la productora encargada del documental.

Darío Saldaño, abogado defensor de Makintach, cuestionó la velocidad del proceso: “Entiendo que el jury es muy apresurado, no hace cinco meses que se inició y hoy tenemos debate”, sostuvo. Saldaño presentó una medida cautelar ante la Corte para suspender la audiencia, pero todavía no obtuvo respuesta.

“La acusación no tiene mucho sustento fáctico, pero sí consideraciones morales ajenas a la ley. Entendemos que convergen muchos intereses económicos y políticos en este juicio y que debe tenerse en cuenta lo realmente acontecido y no las conjeturas”, agregó el abogado.

Las claves del caso: documental, acusaciones y pruebas

La jueza está acusada de haber rodado sin autorización un documental sobre el juicio por la muerte de Maradona. Según los fiscales de San Isidro, Carolina Asprella, Cecilia Chaieb y José Amallo, Makintach habría promovido y participado en un proyecto audiovisual con la promesa de obtener beneficios económicos, tanto directos como indirectos, por la explotación del juicio y su imagen como magistrada.

En paralelo al jury, avanza una causa penal en la que Makintach está imputada por cohecho pasivo, violación de los deberes de funcionario público, abuso de autoridad, malversación de caudales públicos y peculado de servicios.

También están imputados José María Arnal Ponti (dueño de la productora Ladoblea S.A.), el guionista Juan Manuel “Chavo” D’ Emilio y María Lía Vidal Aleman, amiga de la jueza y autora de la idea de grabar entrevistas.

En medio de la investigación, el juez Esteban Rossignoli ordenó el secuestro de dos computadoras de la oficina de Makintach en San Isidro, con sus discos rígidos, que serán peritados como pruebas clave en el proceso.

Makintach insiste en que está siendo víctima de una “persecución” y remarcó que todavía hay recursos pendientes. “La velocidad que intentan darle a este proceso político no puede avasallar las garantías mínimas. Hay una recusación pendiente y un recurso de inaplicabilidad de ley, falta prueba y hay un conflicto de poderes por tratar. Se ve el apuro, pero en un Estado de Derecho esto no sería posible”, reclamó.

Del lado de la acusación, el abogado Rodolfo Baqué fue contundente: “Cuando se hizo una denuncia penal diciendo que había una filmación, lo negó. Hizo trabajar a la fiscalía y puso en riesgo la credibilidad de la Justicia, porque si la fiscalía no podía probar que había un documental, la Justicia argentina iba a quedar peor”, afirmó.

Baqué también apuntó contra los otros dos jueces que integraban el tribunal junto a Makintach: “Tienen las mismas conductas que ella y van a tener que ser juzgados. En los próximos días voy a presentar una denuncia contra ambos para que vayan a jury también”.

Makintach, en tanto, sostiene que el “registro audiovisual cuestionado no fue clandestino” y que era conocido por todos los miembros del órgano. Además, lanzó una contraofensiva judicial y pidió la nulidad del proceso, recusó a los fiscales y denunció irregularidades y espionaje ilegal.

Si el jury decide destituir a la jueza, el proceso penal seguirá su curso. Caso contrario, si la absuelven, la causa penal se archiva. Makintach ya fue suspendida y cobra solo el 40% de su sueldo, tras la decisión de la Comisión Bicameral de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios de la Provincia de Buenos Aires, que además le impidió renunciar mientras avanza la investigación.