Tabacalera Sarandí debe más de mil millones de dólares al fisco, ya que no paga el impuesto al cigarrillo desde 2018.
27 de agosto de 2025
AA PRENSA
La Corte Suprema de Justicia de la Nación puso fin a los intentos del empresario Pablo Otero, conocido como el “Señor del Tabaco”, para no pagar los impuestos internos a los cigarrillos, tras rechazar un nuevo planteo de su defensa.
El pasado 14 de agosto la Corte declaró constitucional dicho impuesto, pero los abogados de Otero reclamaron la nulidad del fallo, al sostener que no se había atendido a un planteo de “desistimiento del derecho” que había presentado en el expediente apenas horas antes de que se firmara esa sentencia.
Con la firma de Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti y los conjuces Mariano Llorens (CABA), Patricia Moltini (Tucumán) y Mario Boldú (Posadas), la Corte fue tajante: le advirtieron al representante de Tabacalera Sarandí que estaba pidiendo la “nulidad por la nulidad misma”.
“El planteo de nulidad efectuado se basa en el desistimiento de la acción y el derecho en los términos del artículo 305 del Código Procesal Civil y Comercial, con costas a cargo de quien desiste y, por lo tanto, se pretende una nulidad por la nulidad misma”, sostuvieron los jueces.
“Por tal razón, corresponde estar a lo resuelto en la sentencia dictada por esta Corte el día 14 del corriente” y se resolvió desestimar “sin más” la última presentación reclamando la nulidad del fallo de fondo, se lee en la sentencia a la que tuvo acceso TN.
De esta manera, quedó firme el fallo donde los jueces explicaron que los impuestos son un “valioso instrumento de regulación, complemento necesario del principio constitucional que prevé atender al bien general” y que resulta razonable que ciertas actividades tengan un tributo diferenciado.
En el caso del tabaco, recordó la sentencia, organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud reconocieron el acierto de aumentar el valor del precio del cigarrillo para disminuir su consumo.
Además, añadieron los magistrados, los mismos responden al diseño de una política fiscal ajena a la intervención del Poder Judicial, ya que es potestad del Congreso de la Nación.
En conclusión, la Corte aseguró que Otero no logró demostrar por qué el cobro diferenciado del impuesto afectaba a su empresa.
Las batallas judiciales de Tabacalera Sarandí
Otero mantiene con el fisco una deuda de $419.398.257.693, número que se compone de sumar el monto de capital adeudado por el período agosto de 2018-junio de 2024, unos $305.239.257.693, a los que se debe sumar intereses resarcitorios al 12 de diciembre de 2023, que equivalen a unos $114.159.000.000.
Además, el ARCA lo denunció por lavado de activos. Según el informe elaborado por la División de Fiscalización Externa de Grandes Contribuyentes, la empresa habría canalizado más de $33.000 millones entre 2021 y 2023 a través de 23 distribuidores mayoristas que, según los inspectores, carecían de respaldo fiscal y operativo para semejante volumen de negocios.
Las marcas involucradas en la operatoria serían Red Point, West, Kiel y Master. La empresa comenzó a ganar terreno en el mercado tras resistirse judicialmente al pago del impuesto mínimo al tabaco.
Otero logró postergar sus obligaciones fiscales con medidas cautelares, alegando que su firma era una pyme y que el gravamen resultaba confiscatorio. Esa jugada le permitió competir con precios muy por debajo de los valores de marcas tradicionales.
La denuncia por lavado no es el único proceso que enfrenta el empresario. En Mar del Plata avanza una investigación por presunta falsificación de estampillas fiscales y comercialización de cigarrillos con documentación apócrifa. El expediente, a cargo del juez federal Santiago Inchausti, comenzó en 2019 y surgió también de una pesquisa iniciada por la ex AFIP.
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