Priscila Corregidor
A través de la Resolución 147/2025, publicada este martes en el Boletín Oficial, la Secretaría de Energía del Ministerio de Economía estableció el procedimiento, las condiciones de seguridad y el certificado técnico obligatorio que deberán cumplir las estaciones de servicio que opten por ofrecer autoservicio de combustibles líquidos, una modalidad ya utilizada en otros países.
La resolución reglamenta lo dispuesto por el Decreto 46/2025, que autoriza de manera opcional el uso de esta modalidad en todo el país. La resolución está en sintonía con los principios de libre competencia, desregulación y mínima intervención estatal, destacó el Gobierno en la resolución.
Procedimiento, condiciones de seguridad y auditorías
La normativa incluye tres documentos técnicos que serán de cumplimiento obligatorio:
La Subsecretaría de Combustibles Líquidos será el organismo encargado de otorgar las autorizaciones para operar bajo la modalidad de autodespacho. También podrá introducir modificaciones o ampliaciones a la reglamentación vigente.
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Según el texto oficial, la implementación del sistema deberá priorizar la seguridad operativa, tanto para los usuarios como para el personal, y las instalaciones deberán ser adaptadas técnicamente conforme a los lineamientos establecidos en los anexos.
Un modelo que ya funciona en otros países
La Secretaría de Energía destacó que el autoservicio de combustibles ya funciona en Estados Unidos, la Unión Europea, Chile, Perú, Uruguay, Colombia y Venezuela, donde ha demostrado ser un modelo seguro y eficiente.
La adopción de esta modalidad permitirá a los operadores incorporar nuevas tecnologías, reducir costos y mejorar la experiencia del usuario en las estaciones de servicio, resaltó la administración de Javier Milei.
Un marco legal alineado con la desregulación
Según el Ejecutivo, la medida se enmarca en las políticas impulsadas por el Decreto 70/2023 y la Ley 27.742 (Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos), que buscan fortalecer la iniciativa privada, garantizar la libre circulación de bienes y servicios y establecer un sistema económico basado en decisiones libres en un ámbito de libre concurrencia.
Desde el Gobierno argumentan que la decisión responde a la necesidad de actualizar una normativa vigente desde 1983, que solo permitía el autoservicio en estaciones de forma excepcional y con autorizaciones especiales.
