A fuerza de presión y hasta con amenazas de intervenir la obra social de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), el Gobierno está a un paso de garantizarse el funcionamiento de los colectivos el jueves próximo, cuando la CGT active su tercer paro general contra la gestión de Javier Milei.
De lograrlo, sería un golpe importante para los impulsores de la protesta, que dependen de la adhesión del transporte para garantizar el impacto de la huelga.
En Salta, aún se esperan novedades desde la dirigencia a nivel nacional, por lo que aún no se ha decidido la adhesión o no a la medida de fuerza.
La estrategia del Gobierno para bajar a la UTA del paro de la CGT tuvo hasta ahora resultado. Puertas adentro del poderoso gremio de los colectiveros, Roberto Fernández, el jefe de 80 años, ya admitió ante sus laderos que no está dispuesto a parar.
Argumentó dos motivos. El primero, jurídico: está en vigencia la conciliación obligatoria que se inició la semana pasada por no haber logrado un acuerdo en su negociación salarial con las cinco cámaras empresarias del sector.
El segundo, más político: Fernández lleva años alejado de la vida interna de la CGT por disputas irreconciliables con los Moyano y no está dispuesto a confrontar con el Gobierno, que aporta subsidios millonarios para que los colectivos circulen por el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).
