El 31 de marzo finaliza la resolución firmada por la vicepresidenta Victoria Villarruel, que mantuvo congelados los ingresos de los senadores. Si no se aprueba una nueva resolución en el recinto, las dietas legislativas podrían superar los $10 millones debido a un posible aumento para los empleados del Congreso.
La próxima sesión en el Senado está prevista para el 3 de abril para discutir la aprobación o no de los pliegos de los candidatos a jueces de la Corte Suprema de Justicia, Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla. Allí debería tratarse una nueva resolución sobre los ingresos de los legisladores.
El cordobés del Pro, Luis Juez, fue el primer legislador en enviarle una nota a la vicepresidenta la última semana, “no son momentos para discutir los salarios de la política, todo lo contrario, es precisamente la oportunidad indicada para acompañar el esfuerzo que hace el pueblo en conjunto”.
El antecedente
“Es mi intención que el Senado acompañe al pueblo argentino en el esfuerzo que está haciendo”, escribió Villarruel en las redes el pasado 2 de enero, tras firmar la resolución donde puntualizó, en el primer acto administrativo de este año. “En atención a las políticas de esta gestión y la crisis económica actual, resulta necesario que los representantes del pueblo compartan el esfuerzo que efectúa la sociedad en su conjunto, guiados por la ética de la solidaridad y promoviendo políticas públicas acordes a la realidad”, consideró.
La mayoría de los bloques parlamentarios le enviaron, en los días previos al cierre del 2024, notas a la vicepresidenta, Victoria Villarruel, facultándola para detener los aumentos, “hasta que se trate este asunto durante las sesiones ordinarias del año 2025″. Por tal motivo, la titular del Senado prorrogó la resolución DR 27/24 votada en el recinto que congeló las dietas de los senadores hasta el pasado 31 de diciembre.
Fuentes sindicales del Congreso le adelantaron a TN que en el transcurso de abril podrían abrirse las discusiones paritarias para actualizar los salarios de los trabajadores legislativos ante el impacto inflacionario de los últimos cuatro meses. Para concretarse esos aumentos, las autoridades de ambas cámaras deberán acordar con la Asociación del Personal Legislativo (APL).
El porcentaje de incremento que alcancen oscilaría entre un 6% y un 8%, que impactará en las dietas de los senadores, si estos finalmente descongelan las mismas y mantienen el enganche de sus ingresos con el de los trabajadores.
Si deciden mantener el congelamiento más allá del 31 de marzo, el incremento en los ingresos será solo en beneficio de los trabajadores legislativos.
A casi un año de la votación original de los senadores
En la sesión del 18 de abril del año pasado, los senadores aprobaron un proyecto de resolución, a mano alzada y en menos de dos minutos, sin discusión, que estableció que “a partir del mes de mayo del presente año, los senadores percibirán un total de 13 dietas anuales. Cada una de ellas será equivalente a 2500 módulos, más un adicional de 1000 módulos por gastos de representación y 500 módulos de adicional por desarraigo. El valor del módulo será el equivalente al que perciben los empleados legislativos, conforme a las previsiones de la ley 24.600 (Estatuto del Personal del Congreso de la Nación)”.
Posteriormente, el 22 de agosto, suspendieron hasta el 31 de diciembre la vigencia de dicha resolución y votaron un desenganche de sus ingresos respecto del personal legislativo. También retrotrajeron cualquier aumento de haberes.
El último aumento otorgado a los trabajadores del Congreso fue el 13 de noviembre, cuando se resolvió un incremento del 2% a partir del 1 de septiembre, 1% a partir del 1 de octubre, 2% a partir del 1 de noviembre y 1% a partir del 1 de diciembre, alcanzando un total del 6%.
El recibo de sueldo de los senadores
En los detalles del recibo de sueldo de un senador nacional se especifica: remuneración por dieta, 4,9 millones de pesos; gastos de representación, 1,9 millones; y un millón por desarraigo, totalizando 7,8 millones de pesos.
Sin embargo, a este ingreso hay que descontarles el impuesto a las ganancias, el aporte a la obra social, la Asociación Mutual de Legisladores y el aporte al partido político, lo que suma 2,6 millones. Esto deja un ingreso neto en mano para los legisladores de 5,2 millones de pesos. Con el descongelamiento de las dietas a partir del primer día de abril, y con el regreso a la resolución votada hace un año, los “ingresos netos en mano” se estiman en principio en 6,2 millones de pesos. Pero si en abril próximo se cierra una nueva paritaria de los trabajadores, estimada entre un 6% a un 8% de incremento salarial, la dieta de bolsillo alcanzará los 7 millones de pesos, mientras que el bruto se ubicará en los 11 millones.
Otros proyectos sobre dietas a discutir
Ante el escándalo por los ingresos de los senadores nacionales, durante el 2024, se presentaron en la Cámara Alta iniciativas tendientes a fijar una posición y de esa manera cerrar el debate. Las mismas deberán presentarse nuevamente, ante la llegada del nuevo período parlamentario, y debatirlas en las comisiones respectivas.
El senador Francisco Paoltroni (Libertad, Trabajo y Progreso) trabajó en un proyecto para regular la renuncia a las dietas y promover la transparencia y la austeridad en el Congreso. La iniciativa, de siete artículos, establece que los legisladores, sean diputados o senadores, podrán renunciar total o parcialmente a sus dietas mediante una solicitud formal presentada por escrito ante la secretaría administrativa correspondiente.
En sus fundamentos, Paoltroni señaló: “Proponemos una medida concreta de austeridad en las remuneraciones de los legisladores nacionales, adecuándolas a un estándar que refleje las condiciones económicas del país. La dieta legislativa se establece en un monto equivalente a diez jubilaciones mínimas vigentes, un parámetro que simboliza un compromiso ético con los sectores más vulnerables de nuestra sociedad”.
Mientras que desde UXP, José Mayans presentó, el pasado mes de abril, un proyecto para fijar un tope máximo a los haberes de las autoridades superiores de los tres poderes del Estado, así como de órganos extrapoderes, organismos descentralizados de la Administración Pública Nacional y empresas estatales. También establece límites a la remuneración de las máximas autoridades.
El proyecto fija que las remuneraciones mensuales del presidente, el vicepresidente, los jueces de la Corte Suprema, los senadores, los diputados, el Procurador General, el Defensor General, los consejeros de la Magistratura, los auditores generales, el Defensor del Pueblo de la Nación y el personal del Servicio Exterior no podrán superar los 20 Salarios Mínimos, Vitales y Móviles, por todo concepto.
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