El titular del Juzgado Federal N.º 1 de Salta, Leonardo Bavio, procesó al ex juez Raúl Reynoso y al fiscal federal José Luis Bruno por haber, presuntamente, favorecido a imputados por narcotráfico. Aunque no recibirán prisión preventiva, Bavio ordenó embargos para ambos: $5 millones en el caso de Reynoso y, $2 millones para el funcionario del Ministerio Público.
El de Reynoso no es un hecho aislado. En 2017, el ex magistrado ya había sido condenado a 13 años de prisión por recibir coimas a cambio de fallos favorables, mientras que, en 2024, había recibido la pena a cinco años por el delito de cohecho pasivo, en concurso real con falsedad ideológica de documento público y concusión. Con este nuevo procesamiento, la investigación sigue revelando la magnitud de la corrupción en el sistema judicial del norte del país.
La nueva causa contra Reynoso se originó en 2011, a raíz de un informe de Gendarmería que advertía sobre la existencia de una organización que operaba en Orán y Salvador Mazza, dedicada a acondicionar cocaína que ingresaba desde Bolivia en vehículos para su traslado a Salta capital, Córdoba, Buenos Aires y Rosario.
En ese marco, realizaron un operativo en el que detuvieron a Federico Gerardo Rojas, en Jujuy, tras el hallazgo de 70 paquetes de cocaína escondidos en el panel de un auto.
Luego se detuvo a otros miembros de la banda y todos fueron imputados por los delitos de transporte de estupefacientes, asociación ilícita, lavado de activos de origen delictivo y contrabando calificado de exportación agravado. En el caso de Rojas, como partícipe necesario. Fue considerado como “el puntero” del cargamento, es decir, quien abría camino al vehículo con la droga.
