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Luego de la privatización del Banco Nación, el siguiente paso en el plan de Javier Milei es la transformación de Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT) en una Sociedad Anónima, como parte de su estrategia de privatización. Esta decisión, que afecta a una de las nueve entidades estatales incluidas en la ley de Bases para ser privatizadas o concesionadas, se concretará probablemente esta semana, con la publicación de un decreto presidencial en el Boletín Oficial.
La medida fue impulsada por Diego Chaher, titular de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas, encargado de preparar las empresas del Estado para su venta. Previamente, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, informó al gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, sobre los planes, debido a la importancia de su apoyo en el Congreso para la aprobación de iniciativas del oficialismo.
Aunque la venta de YCRT no tiene una fecha definida, ya hay tres grupos interesados en adquirirla. Por el momento, el gobierno iniciará los trámites de saneamiento de la empresa, como la presentación de balances contables ante la Inspección de Justicia y la actualización de sus reglamentos internos. Sin embargo, se prevé que este proceso será largo.
YCRT enfrenta una situación crítica que combina problemas estructurales, económicos y políticos. La compañía, que opera una mina de carbón y dos centrales eléctricas, ha sido afectada por una superpoblación de trabajadores, falta de inversión y malas prácticas administrativas. A raíz de la crisis, en diciembre pasado el gobierno despidió a Thierry Decoud, nombrado por Mauricio Macri, por sospechas de corrupción. En su lugar fue designado Pablo Sebastián Gordillo Arraigada, quien responde al gobernador Vidal, lo que le da mayor injerencia en el proceso de transformación de la empresa.
Aunque el gobierno aún no ha revelado los detalles del plan, se especula que podría ceder la mina y los trabajadores a la provincia de Santa Cruz, mientras que la central eléctrica, que representa la principal fuente de ingresos, pasaría a manos privadas. Esta posibilidad ha generado tensiones políticas, especialmente después de la designación de Gordillo.
