Priscila Corregidor
Los principales acusados en la causa son el ex candidato a intendente de Orán y empresario local José “Oso” Dimas Ruíz; junto al ya conocido delincuente con vínculos con el narcotráfico Cristian “El Gringo” Palavecino y su hijo Brian Palavecino.
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Además, también se encuentran imputados Marcelino Daniel Cruz, Matías Ezequiel Malissia, Delfor Rogelio Sandoval y Javier Antonio Romero.
Por la causa, también se elevó un pedido de Jury de Enjuiciamiento desde la Procuración General contra el juez Francisco Oyarzú. El magistrado denegó las autorizaciones solicitadas por la Unidad Fiscal para extraer datos de los teléfonos celulares y otros dispositivos de almacenamiento secuestrados a los imputados.
Este hecho generó demoras en la investigación por al menos 6 meses que luego el Tribunal de Impugnación corrigió dando lugar al reclamo de los fiscales.
También en la misma causa intervino el ahora destituido Claudio Parisi, juez que autorizó arrestos domiciliarios a favor de Ruíz. Estas decisiones se cuestionaron por parte de la Fiscalía y formó parte de las acciones que luego se evaluaron durante el proceso de destitución del magistrado.
La acusación incluye los delitos de robo agravado por haberse cometido en poblado y en banda, y mediante el uso de arma de fuego, privación ilegítima de la libertad agravada y asociación ilícita.
La causa
El hecho ocurrió el 16 de diciembre de 2022, alrededor de las 20 horas, cuando un grupo de al menos ocho personas ingresó a la empresa Abra del Sol con los rostros cubiertos con pasamontañas para ocultar su identidad.
Portaban armas de fuego, tanto largas como cortas, y ejercieron violencia física contra el personal de seguridad y demás empleados. Maniataron a las víctimas utilizando precintos de plástico, impidiéndoles salir del lugar, les quitaron sus teléfonos celulares y sustrajeron la suma de $13.000.000 (trece millones de pesos) y US$160.000 (ciento sesenta mil dólares).
Además, al retirarse del lugar, lo hicieron en la camioneta Toyota SW4, propiedad de uno de los socios gerentes de la empresa.
A este último, mediante violencia y amenazas con armas de fuego, lo obligaron a subir al vehículo, que era conducido por uno de los autores del hecho. Lo trasladaron con el rostro cubierto junto al resto del grupo a un lugar alejado, donde finalmente se lo abandonó.
El empresario terminó siendo auxiliado por transeúntes, quienes lo llevaron a una dependencia policial para radicar la denuncia.
Los fiscales destacaron la importancia de la evidencia digital extraída de los teléfonos, computadoras y pendrives secuestrados en los domicilios de Palavecino. Entre los elementos obtenidos se encontraron videos, fotografías y llamadas telefónicas grabadas que acreditaron la logística empleada para cometer el hecho, así como conversaciones entre Palavecino y José Dimas Ruiz.
En dichas comunicaciones, no solo reconocían ser los autores del delito y las acciones realizadas para entorpecer la investigación, sino que Palavecino también le reclamaba a Ruiz por la detención de su hijo.
