Priscila Corregidor
En lo que fue la primera votación de Argentina en la Asamblea General de la ONU desde la llegada de Gerardo Werthein a la Cancillería, el país se posicionó como el único en votar en contra de una resolución sobre los derechos de los pueblos indígenas. Esta votación se realizó en Nueva York, en una sesión que reunió a representantes de 169 países, de los cuales 161 se pronunciaron a favor de la propuesta. Se registraron también siete abstenciones, entre las que se encuentran Francia, Laos, Lituania, Mali, Rumania, Bulgaria y Eslovaquia.
El documento en cuestión fue presentado inicialmente en octubre y revisado antes de la votación. Contó con el respaldo de naciones como Bolivia, Canadá, Colombia, Dinamarca, Ecuador, México y Venezuela, entre otros. Esta resolución busca reforzar el compromiso internacional de proteger los derechos de las comunidades indígenas. Se centra en aspectos fundamentales como el acceso a la justicia, la protección del medio ambiente y la preservación de sus culturas y lenguas.
La resolución destaca la importancia del consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas en decisiones que afectan sus territorios y recursos naturales. En este sentido, establece que “los pueblos indígenas deben participar plenamente en la toma de decisiones sobre asuntos que afecten sus derechos”. También se subraya la relevancia de respetar sus tradiciones y conocimientos ancestrales.
Además, el documento promueve la protección de la cultura de los pueblos ancestrales, señalando la necesidad de “preservar, revitalizar y promover las lenguas indígenas”. La ONU insta a implementar planes que reconozcan el valor cultural y social de estas lenguas, resaltando que el fortalecimiento de su uso es crucial para la identidad de las comunidades.
Argentina, al votar en contra, reafirma una postura alineada con la política exterior del presidente Javier Milei. Esta postura muestra una clara diferenciación respecto a compromisos anteriores, como la Agenda 2030 y el Pacto del Futuro, y una renuencia hacia algunos derechos de tercera generación y de incidencia colectiva. La última votación en la ONU, bajo la representación de Ricardo Lagorio y con Diana Mondino como ministra, había sido a favor de que Estados Unidos levantara el embargo a Cuba, lo que generó un cambio en la Cancillería y la renuncia de ambos.
