La provincia de Salta mantiene con firmeza la decisión de cobrar la atención médica en los hospitales a los ciudadanos extranjeros. Esa medida fue impulsada primero por un decreto del gobernador Gustavo Saenz y luego ratificada por la Legislatura local. En ese marco, el gerente del Hospital San Vicente de Paul, Fabián Valenzuela, recibió un planteo de parte de la cónsul de Bolivia, Felipa Huanca, explorando la posibilidad de suscribir nuevos convenios que revisen la medida. El funcionario, sin embargo, transmitió que el pedido no tenía ninguna posibilidad de prosperar.
“Le dije que una solicitud de esa naturaleza estaba fuera de lugar, es como si yo le pidiera a ella que no cumpla la ley en su país”, dijo Valenzuela ante la consulta de Infobae.
El encuentro se produjo el 13 de agosto, tras un pedido de reunión realizado por las autoridades del consulado. “Me plantearon la intención de realizar nuevos convenios para que exista un arancel diferencial para los bolivianos, debido a que reciben mucha quejas de parte de sus compatriotas por la aplicación del cobro, que es reciente”, contó Valenzuela.
Frente a ello, la recomendación del funcionario fue que el reclamo se lo hicieran a su propio Estado, gobernado por el presidente Luis Arce. “Les dije que lo que podían hacer es pedir presupuesto para hacerse cargo de los costos desde el consulado”.
“Los aranceles se aplicaron por una ley provincial, la 8.421, y nosotros no podemos hacer otra cosa que aplicarla”, insistió el funcionario.
Según datos del ministerio de Salud de Salta, la concurrencia cayó notablemente luego de la aplicación de la medida. El propio Valenzuela indicó que en el nosocomio que está a su cargo pasaron de atender a 300 personas por semana a tener un promedio de 5. “Hay días en que no viene nadie”, subrayó.
El cobro de la atención se aplica para tratamientos específicos, consultas con especialidades y prácticas quirúrgicas. En el caso de las urgencias en las que corra riesgo la vida de las personas el servicio continúa siendo gratuito.
En ese marco, la intendencia de Orán, en uno de los departamentos que limitan con el país vecino, informó que en lo que va del año el área de salud ahorró 60 millones de pesos a partir de la medida implementada, sólo en esa jurisdicción. “Mientras esté vigente la medida, no tenemos otra alternativa que hacer cumplir la ley”, indicó el responsable del hospital de Orán.
Los aranceles para extranjeros en Salta
La decisión de avanzar en la aplicación de tarifas para extranjeros comenzó en el mes de abril. En aquel momento, la lista publicada por el gobierno local fue la siguiente:
En el segundo semestre del año esas cifras habrían tenido una actualización del orden del 20%, según informaron en los hospitales consultados por Infobae.
“La reunión con las autoridades bolivianas fue cordial, no hubo ningún tipo de presión ni amenaza, pero sí una preocupación expresada, ante lo que nosotros transmitimos que el planteo era equivocado”, insistió Valenzuela.
Antes de la sanción de la ley por parte de los legisladores salteños, tanto Salta como la provincia de Jujuy, habían firmado convenios de reciprocidad con el gobierno boliviano a fin de sostener la gratuidad de atención en los hospitales argentinos sin distinción de nacionalidad a cambio de que los argentinos reciban el mismo trato en el país vecino.
Sin embargo, la repetición de casos en los que ciudadanos argentinos perdían la vida en Bolivia al ser rechazados por los hospitales de ese país ante situaciones de urgencia, hizo que los gobiernos locales revisaran su posición. Ese fue el argumento principal esgrimido por Sáenz al momento de impulsar la decisión.
“Acá en Salta y en la Argentina tenemos muy buena salud pública. Por eso, no me gusta cuando se habla de reciprocidad con el vecino país, porque ningún salteño o argentino va a Bolivia a hacerse atender. Allá te cobran absolutamente todo, de hecho han fallecido pacientes en la puerta del hospital porque no han querido atenderlos”, dijo el ministro de Salud de Salta, Federico Mangione.
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Además, Salud actualizó los datos de enfermedades inmunoprevenibles, transmitidas por alimentos, zoonóticas y dermatológicas de interés sanitario, registradas en lo que va del 2024.
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