Mientras organismos solicitan la liberación de los detenidos el 12 de junio en las inmediaciones del Congreso, mientras se debatía la ley Bases, el Ministerio de Seguridad envió a la Justicia un informe sobre los gastos en los que incurrió para el operativo de seguridad de la jornada. En el documento se insiste en la denuncia por sedición que ya había realizado Patricia Bullrich.
El informe enviado al fiscal Carlos Stornelli señala que los gastos superaron los $130.706.892, e incluye el despliegue de tres fuerzas federales: Policía, Gendarmería y Prefectura. "Deberá dejarse constancia de que aún falta computar los costos del tratamiento de los heridos, lo que se hará al final de las curaciones", agrega el texto, que justifica la envergadura del operativo "debido a los desmanes de los grupos sediciosos".
En ese sentido, también se computaron los daños a los vehículos equipamientos (valuados en unos $13.613.500) y el operativo policial del martes por la noche, que se realizó durante el acampe en el Congreso por parte de organizaciones. La intención del Ministerio de Seguridad es que los 33 detenidos afronten esa suma, lo que implicaría una suma de más de $3.960.000 cada uno.
