A2 PrensaMientras espera conocer cuál será el presupuesto que se le asignará para 2024, el Ministerio de Infraestructura comienza a definir qué obras públicas en ejecución continuarán su marcha y cuáles podrían quedar sujetas a que se consiga financiamiento privado para terminarlas o eventualmente se suspenderán.
Independientemente de la cantidad de dinero que le pueda otorgar mediante un decreto de la Jefatura de Gabinete, en la cartera que conduce Guillermo Ferraro definieron los criterios a través de los que se implementará el nuevo esquema de obra pública para los próximos meses.
El Gobierno establecerá que con los fondos disponibles se culminarán las obras que formen parte del grupo de proyectos con un “alto grado de avance físico”. Es decir que la prioridad no estará dada por el tamaño ni la “importancia” de la obra, sino por cuán cerca estén de terminarse.
“Si alcanza para todas, mejor; pero si no se priorizará. Y en este marco, la prioridad es terminar las que estén más avanzadas. El objetivo no es señalar a dedo y decir ‘esta es más importante que la otra’, sino terminar directamente las que tengan más grado de avance”, explican fuentes oficiales. Y aclaran que quedarán exentas aquellas obras que cuenten con financiamiento privado o de organismos bilaterales internacionales: en ese caso no habría impedimentos para su terminación.
Actualmente, hay unas 4000 obras públicas en ejecución en todo el país, según los registros heredados de la gestión anterior, que estaba a cargo de Gabriel Katopodis.
Algunos ejemplos, recolectados por el sitio “Mapa Inversiones”, son el del corredor Mar del Plata-Olavarría de la ruta nacional 226, que en la intersección acceso a Sierras Bayas muestra apenas un avance del 9,41%; el de la construcción de la planta de Tratamiento de Líquidos Cloacales en San Antonio de Areco, con un avance del 12%; y el acueducto Gran Tulum, en San Juan, que está al 50%.
Todos estos proyectos tendrán que ponerse en la fila detrás de cientos de obras que superan el 60% de avance físico. Fuentes oficiales aseguran que el dinero se utilizará para terminar la mayor cantidad de obras posibles y que se buscará financiamiento privado para aquellas que queden inconclusas.
A lo largo de la campaña, Javier Milei hizo referencia al sistema de obra pública a la chilena. “El Estado le entrega al privado la responsabilidad de poder generar una inversión, entendiendo que las prioridades las define el Gobierno”, señaló en reiteradas ocasiones.
Con este modelo, el Estado le concedería al sector privado el derecho a explotar la inversión. Por ejemplo, la empresa que construya una autopista podrá cobrar peajes por un tiempo determinado para recuperar lo invertido y, al terminar el plazo, el Gobierno tendría que decidir si se hace cargo del servicio o inicia una nueva licitación de explotación y mantenimiento.
