Priscila Corregidor
Uno de las principales modificaciones es la reducción de las indemnizaciones ya que, según el decreto, "la base de cálculo de esta indemnización no incluirá el Sueldo Anual Complementario, ni conceptos de pago semestral o anual", lo que excluiría beneficios como bonos anuales, ticket canasta o vales alimentarios, pese a que fueron reconocidos en varios fallos.
Otro punto clave es la extensión del período de prueba de 3 a 8 meses, por lo cual el empleado podrá ser despedido sin derecho a indemnización en ese lapso. Así mismo, se eliminan todas las multas establecidas por ley que el empleador debe pagar al trabajador afectado para la falta de registro de la relación laboral o su registro irregular.
El Gobierno también dispuso un mecanismo de indemnización "alternativo" inspirado en el sistema de la construcción. "Las partes podrán sustituir el presente régimen indemnizatorio por un fondo o sistema de cese laboral cuyo costo estará siempre a cargo del empleador, con un aporte mensual que no podrá ser superior al OCHO POR CIENTO (8%) de la remuneración computable".
El decreto incorpora restricciones al derecho de huelga ya que habilita el despido con justa causa en caso de bloqueos o tomas de establecimiento durante medidas de acción directa que afecten la libertad de trabajo de quienes no adhieran, se impuda o obstruya el ingreso o egreso de personas y se ocasiones daños en personas o bienes de la empresa.
Por otra parte, las actividades esenciales (salud, energía, aeronáutica, telecomunicaciones, comercio exterior) deberán prestar servicios mínimos con una cobertura del 75% de la prestación normal, mientras las actividades o servicios de "importancia trascendental" deberán garantizar el 50% (transporte, industria, bancos, alimentos, exportaciones).
A su vez, se establece el vencimiento del pago de cuotas, aportes periódicos o contribuciones a que estuviesen obligados los trabajadores. De esa manera, los descuentos salariales efectuados a los empleados por acuerdo entre las empresas y los gremios no serán renovados indefinidamente, sino que deberán ser acordados en cada ocasión.
Los intereses de las indemnizaciones se calcularán en base a una fórmula que contemplará la inflación del INDEC (IPC) más un 3% y se crea la figura del "trabajador independiente con colaboradores", lo que permite "blanquear" a los monotributistas que contratan otros monotributistas, como ocurre en la construcción, y engrosar la recaudación del Estado.
Finalmente, la rebaja de aportes y contribuciones quedó afuera de los cambios en los que trabajó Federico Sturzenegger, el cerebro del paquete de desregulación. La iniciativa era impulsada por los abogados de la secretaría de Trabajo, encabezada por Omar Yasín, pero fue excluida por decisión del ministro de Economía, Luis Caputo, para evitar la pérdida de recaudación.
