AV Prensa
Mediante una nota firmada ayer y publicada hoy en el Boletín Oficial, el ministro de Economía, Sergio Massa, solicitó a la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, “tenga a bien proceder a la suspensión, en el marco de la normativa vigente, del beneficio social asignado a las personas que hayan sido imputadas en las diferentes causas por la comisión de los delitos descriptos”, en referencia a lo que refiere como “robos en poblado y en banda ocurridos la semana próxima pasada”.
La instrucción es complementaria al otorgamiento, también dispuesto por el ministro, de un “aporte no reembolsable” de siete millones de pesos a los comerciantes que fueron “víctimas de los robos en poblado y en banda ocurridos la semana próxima pasada”.
Tolosa Paz, a su vez, ya solicitó al Ministerio del Interior, a cargo de Aníbal Fernández, que le informe “el listado completo de las personas que han sido, y se encuentran, detenidas en virtud de su probable participación en los distintos hechos -ocurridos en el país y de público conocimiento, vulgarmente denominados “saqueos” y que podrían configurar eventuales infracciones –entre otros- a los tipos penales previstos en los arts. 167 inc. 2 (Robo calificado por ser cometido en poblado y en banda); 166 inc. 2 (Robo calificado por ser cometido con armas, o en despoblado y en banda); art. 163 inc. 2 ( Hurto calificado por ser cometido en ocasión […] o conmoción pública o de un infortunio particular de damnificado); Art. 209 (Instigación a cometer delitos)”.
El miércoles pasado, mientras todavía se encontraba en Washington, donde ese mismo día el directorio del FMI aprobó el envío de USD 7.500 millones para la Argentina, Massa reaccionó a lo que sucedía en la Argentina y dijo a la prensa que cubría sus gestiones: “en el ministerio de Economía tomamos la decisión de instruir a la Secretaría de industria para que a cada uno de los comerciantes afectados en la provincia de Neuquén, Buenos Aires, Río Negro, Córdoba, Mendoza que tengan la denuncia realizada y que tengan una constatación de las pérdidas, se les hagan un aporte no reembolsable. Es decir, un apoyo económico de la Secretaría de Industria de hasta siete millones de pesos para recuperar el capital de trabajo”.
“Creemos que la gente de trabajo víctima de un delito, de alguna manera tiene que ver en el Estado su capacidad de respuesta y protección”, comentó el ministro. Y agregó: “Hay dos planos para mirar. Uno es el de los delincuentes y la causa u origen de ese delito. Después será responsabilidad de jueces y fiscales buscar si se trata de simples delincuentes o delincuentes instigados. Hay un segundo plano que es el de la gente de laburo, el comerciante y el supermercadista que de alguna manera trabaja todos los días y fue víctima de un delito”.
Y en virtud de ello hizo otro anuncio: ”le pedimos a la Secretaría de Legal y Técnica del ministerio de Economía que arme un equipo de seguimiento, porque lo que no nos puede pasar es que esos delincuentes que arrebataron un comercio o un supermercado entren por una puerta y salgan por la otra en una comisaría. Vamos a estar controlando a esos jueces y a esos fiscales para ver si aplican el código penal con su plenitud, porque esto es robo en poblado y en banda, porque hay un ataque a la propiedad privada”, indicó.
