La investigación por el femicidio de Natalia Cruz sumó un nuevo capítulo en las últimas horas. Diez efectivos de la Comisaría N° 7 de Campo Quijano fueron imputados por presuntos incumplimientos de la orden judicial que disponía una custodia permanente en el domicilio de la mujer, quien fue asesinada por su expareja. Además, la Fiscalía sostiene que algunos de los agentes confeccionaron un informe con datos falsos para intentar encubrir que esa medida de protección nunca se cumplió.
La Unidad Fiscal Especializada en Femicidios (UFEM) de Salta citó este lunes a los policías a una audiencia. Según la investigación, el personal policial tenía conocimiento de la consigna fija ordenada por la Justicia, pero no la implementó.
Natalia Cruz, de 37 años, fue asesinada el 17 de febrero en su casa del barrio Luz y Fuerza, en Campo Quijano, por su expareja, Daniel Orlando Serapio. Después del crimen, el hombre le confesó lo ocurrido a la madre de la víctima y escapó. Permaneció prófugo durante dos semanas hasta que fue encontrado escondido en una cueva de la precordillera.
Tras el femicidio, la madre de Cruz reveló que horas antes del ataque su hija había viajado a la ciudad de Salta para presentar una nueva denuncia por violencia de género y solicitar otra restricción de acercamiento. Sin embargo, según denunció, le informaron que no había personal disponible para atenderla.
La víctima ya contaba con una medida de protección que ordenaba una consigna policial permanente en su vivienda debido a los reiterados episodios de violencia de género que sufría. De acuerdo con la investigación, esa custodia nunca fue implementada, pese a que la Comisaría N° 7 estaba notificada de la resolución judicial.
El Ministerio Público Fiscal de Salta informó que, luego del crimen, algunos de los efectivos habrían confeccionado un informe policial con datos falsos en el que dejaron asentado un supuesto intento de cumplir con la custodia ordenada, una situación que, según la acusación, nunca ocurrió.
La investigación es encabezada por la fiscal María Luján Sodero Calvet, titular de la UFEM, junto con la fiscal Claudia Geria, de la Fiscalía de Derechos Humanos. Para profundizar la pesquisa, la Procuración General de Salta conformó una unidad conjunta entre ambas dependencias.
Los fiscales señalaron que durante la investigación reunieron evidencias sobre presuntas irregularidades sistemáticas en el tratamiento de casos de violencia de género en esa dependencia policial durante enero y febrero de 2026. Entre ellas, mencionaron incumplimientos de protocolos, deficiencias en los controles internos y fallas en la ejecución de medidas de protección dictadas por la Justicia.
Los diez imputados enfrentan distintos cargos según el rol que habrían tenido. El jefe de la comisaría y quien se desempeñaba como jefe de guardia fueron acusados por los delitos de falsedad ideológica e incumplimiento de los deberes de funcionario público en concurso real. Al primero le atribuyen haber promovido la confección del informe falso y no garantizar la custodia; al segundo, haber ordenado elaborar ese documento y no controlar que la medida judicial se cumpliera.
Además, un suboficial y un oficial fueron imputados por falsedad ideológica. Según la acusación, el primero redactó y firmó el informe apócrifo, mientras que el segundo transmitió la orden para confeccionarlo.
Los otros seis efectivos —cuatro mujeres y un hombre, además de otro integrante de la dependencia— fueron imputados como coautores del delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público por no adoptar las medidas necesarias para hacer efectiva la custodia ni informar a la autoridad judicial sobre la imposibilidad de cumplirla.
La reconstrucción de los hechos se realizó a partir del análisis de documentación y de los testimonios recabados por la Unidad Fiscal, con intervención del Juzgado de Violencia Familiar y de Género de 2° Nominación del distrito Centro.
En paralelo, Daniel Orlando Serapio continúa detenido con prisión preventiva desde marzo por el femicidio. También permanecen privados de la libertad otros dos imputados por encubrimiento agravado, acusados de haber colaborado durante la fuga del principal sospechoso.
