Fue durante un operativo relacionado con la causa. Se detuvo a un Oficial Principal y a un cabo de la Policía. El primero tenía una financiera informal dedicada a la compra y venta de divisas. Secuestraron, pesos, dólares y un celular.
01 de abril de 2022
El operativo, que culminó con la detención de un Oficial Principal y un Cabo, fue solicitado al Juzgado de Garantías 3 y llevado adelante por personal CIF, en dos viviendas y una oficina ubicada en el microcentro salteño.
Como resultado de los allanamientos fueron secuestrados en el local del microcentro, que pertenecería al Oficial Principal, 1.659.670 pesos, 15.900 dólares, contratos y papelería de la financiera Ríos y Asociados y un teléfono celular. Por otra parte, del baúl del automóvil del Cabo se secuestraron 300.000 pesos.
Luego de los allanamientos efectuados entre el viernes y la madrugada del sábado pasado y la detención de ocho personas, la fiscal del UDEC continuó con la investigación a fin de dar con el paradero de una mujer, que sería una de las organizadoras de la financiera, y un hombre que se encuentran prófugos.
En este marco, los investigadores pudieron identificar a dos miembros de la Policía de Salta que, sin perjuicio de haber originado una inversión propia, habrían adoptado roles de colaboradores que precisaban acciones tendientes a la incitación y/o captación de nuevos, constantes y fluidos inversores, que sirvió a la falsa financiera para acumular un número mayor de víctimas que entregaron sus ahorros.
De las pesquisas realizadas, también se pudo establecer que uno de los policías detenidos tenía como negocio paralelo a su rol de miembro de una Fuerza de Seguridad, una actividad de tipo financiera informal dedicada a la compra y venta de divisas que funcionaba en el microcentro.
Por otra parte, y tal como adelantara esta mañana el Procurador General, Pedro García Castiella, los investigadores del CIF pudieron establecer que tanto el Oficial Principal como el Cabo, se encontraban en comunicación directa con una de las prófugas y actuaron de voceros ante las víctimas para disuadirlos de realizar denuncias.
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La jueza Moira Fullana hizo lugar al amparo de la central obrera y anuló dos artículos del decreto 340. Sostuvo que no había urgencia para dictarlo.
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