La designación fue tratada en sesión especial, a partir del pliego enviado por el Poder Ejecutivo provincial. Durante el debate, el senador por Cerrillos, Gonzalo Caro Dávalos, sostuvo que la Cámara no evaluaba únicamente una postulación individual, sino la conducción de un organismo clave para la protección de derechos de sectores especialmente vulnerables.
En ese sentido, remarcó que la Asesoría General de Incapaces cumple un rol central en la defensa de niños, niñas y adolescentes, personas con discapacidad y personas que requieren algún tipo de tutela estatal. “El objetivo es asegurar que el acceso a la justicia y a los derechos alcance a todos”, señaló el legislador. Caro Dávalos también destacó los antecedentes profesionales de Solá Usandivaras, a quien definió como un perfil con experiencia técnica, capacidad de gestión y conocimiento institucional. Recordó que es abogado, que se desempeña en el ámbito privado desde 2010, que fue asesor jurídico del Ministerio de Seguridad, que en 2016 ingresó al Ministerio Público Fiscal de la Nación y que posteriormente ocupó cargos vinculados a política criminal y seguridad provincial.
En la sesión ordinaria, el Senado también aprobó un proyecto de ley que prohíbe a las personas privadas de su libertad tener teléfonos móviles u otros sistemas tecnológicos de comunicación dentro de cárceles y comisarías de la provincia. La iniciativa, que ahora pasa a la Cámara de Diputados en revisión, apunta a reforzar los controles dentro de las unidades de detención y contempla la instalación de bloqueadores o inhibidores de señal. El senador por La Poma, Dani Nolasco, defendió el proyecto al advertir que el uso ilegal de celulares dentro de los establecimientos penitenciarios representa una amenaza para la seguridad pública. Según señaló, numerosas extorsiones, estafas y otras maniobras delictivas se organizaron desde el interior de lugares de detención mediante estos dispositivos. Nolasco sostuvo además que los mecanismos actuales de control resultaron insuficientes para impedir el ingreso y uso de teléfonos móviles. Por eso, planteó la necesidad de fortalecer las medidas de seguridad sin desconocer los derechos de las personas detenidas. “La intención es compatibilizar las medidas de seguridad con los derechos de las personas”, indicó el legislador, al explicar que la comunicación con familiares deberá garantizarse a través de sistemas institucionales habilitados para ese fin.
Insistencia con los trapitos
Otro de los puntos tratados fue la insistencia del Senado sobre el proyecto de ley que modifica los artículos 17 y 24 del Código Contravencional de la Provincia, vinculados a la actividad de personas que exigen retribución por estacionamiento, limpieza o cuidado de vehículos en la vía pública sin autorización legal o administrativa. No se aceptan modificaciones y el proyecto vuelve a Diputados en medio de un debate que apunta a regular y sancionar prácticas que suelen generar conflictos en la vía pública.
