La investigación judicial por la presunta comercialización de terrenos inhabitables e inundables en Salta dio un nuevo paso este jueves con la audiencia de formalización de la investigación penal preparatoria contra el abogado Santiago Pedroza, quien permanecerá bajo prisión domiciliaria mientras avanza el proceso. La medida fue dispuesta por la jueza audiencista del distrito Centro, Victoria Montoya Quiroga, luego de escuchar los planteos de las partes y evaluar tanto el estado de salud del imputado como la necesidad de garantizar su seguridad personal, en el marco de una causa que investiga presuntas maniobras de estafa que habrían afectado a decenas de familias salteñas.
La resolución judicial establece que Pedroza deberá permanecer en su domicilio con una consigna policial fija en el acceso a la vivienda hasta tanto se concrete la colocación de una tobillera electrónica, mecanismo mediante el cual se controlará el cumplimiento de las medidas impuestas. Además, la magistrada dispuso una serie de restricciones estrictas que el abogado deberá respetar durante el proceso judicial, entre ellas la prohibición absoluta de mantener cualquier tipo de contacto, por cualquier medio, con denunciantes o coimputados, así como también la imposibilidad de referirse públicamente a la causa a través de medios masivos de comunicación o publicaciones en redes sociales.
El caso es investigado por los fiscales penales Ramiro Ramos Ossorio y Esteban Martearena, quienes integran la Unidad Fiscal que lleva adelante la pesquisa. Durante la audiencia, ambos representantes del Ministerio Público Fiscal detallaron la calificación legal provisoria de los hechos atribuidos al abogado, que incluyen la presunta comisión de 40 hechos de estafa y el delito de asociación ilícita en el marco de la comercialización de terrenos que, según la acusación, serían inundables e inhabitables. También expusieron el grado de participación que se le atribuye a Pedroza, las circunstancias de tiempo, modo y lugar de los hechos investigados y los distintos elementos probatorios reunidos hasta el momento.
Tras formalizar la investigación penal preparatoria, los fiscales solicitaron que se dicte la prisión preventiva del imputado al advertir posibles riesgos procesales, especialmente vinculados a un eventual entorpecimiento de la investigación y a la posibilidad de fuga, teniendo en cuenta la expectativa de pena prevista para los delitos investigados. A esto se sumó el pedido de nuevas medidas probatorias, entre ellas informes psicológicos, psiquiátricos y ambientales sobre el imputado, además de la extracción física del contenido de los teléfonos celulares secuestrados, con el objetivo de profundizar el análisis de posibles comunicaciones mantenidas con denunciantes y otros investigados.
En paralelo, la Justicia aceptó las cauciones ofrecidas por la defensa para garantizar el cumplimiento de las medidas judiciales. Por un lado, se admitió una caución personal presentada por la pareja del abogado y, además, una caución real consistente en un inmueble que quedará sujeto a embargo preventivo, es decir, afectado judicialmente mientras avance la investigación.
El expediente tiene origen en una serie de denuncias radicadas desde 2023, luego del desalojo de ocupaciones ilegales sobre terrenos ubicados en la ribera del río Arias. De acuerdo con la hipótesis fiscal, tras aquellos operativos un abogado se habría acercado a las familias afectadas ofreciendo asesoramiento jurídico y la posibilidad de gestionar adjudicaciones de terrenos, asegurando contar con mecanismos administrativos y judiciales que facilitarían el acceso legal a los lotes.
Según los testimonios incorporados a la causa, Pedroza habría cobrado importantes sumas de dinero a familias de escasos recursos que buscaban acceder a un terreno para construir su vivienda. Los montos denunciados van desde los 500 mil pesos hasta casi 8 millones de pesos por grupo familiar, abonados tanto en efectivo como mediante transferencias bancarias realizadas en domicilios particulares o en el estudio jurídico del abogado. La fiscalía sostiene que, en muchos casos, los comprobantes entregados habrían sido irregulares o insuficientes para acreditar formalmente las operaciones.
Uno de los puntos centrales de la investigación gira en torno a la situación de los terrenos ofrecidos. Según confirmó el Ministerio de Tierra y Bienes de Salta, muchos de los lotes involucrados carecen de habilitación legal y se encuentran emplazados en sectores considerados inundables, lo que imposibilita el asentamiento seguro de viviendas familiares. Además, organismos oficiales indicaron que las supuestas gestiones administrativas y judiciales mencionadas a los compradores no tendrían sustento documental ni constancias de trámites ante áreas competentes como Recursos Hídricos u otros organismos provinciales.
La causa tomó mayor impulso el pasado 15 de mayo, cuando la fiscalía ordenó un allanamiento en el estudio jurídico de Pedroza, ubicado en calle Córdoba 271 de la ciudad de Salta. La medida judicial se llevó adelante con la presencia de un veedor del Colegio de Abogados y Procuradores de Salta y permitió el secuestro de distintos elementos considerados de interés para la investigación. Entre ellos, documentación vinculada a operaciones inmobiliarias, registros de pagos y otros elementos que podrían ayudar a reconstruir la mecánica de la presunta maniobra denunciada.
El allanamiento tuvo como punto de partida la denuncia realizada por un hombre de 35 años, quien aseguró haber sido engañado tras adquirir un lote en Atocha. A partir de ese testimonio, comenzaron a sumarse nuevas denuncias de familias afectadas, lo que derivó en una investigación de mayor alcance. Aunque inicialmente se habla de unas 40 familias damnificadas, fuentes ligadas a la causa no descartan que el número total de personas alcanzadas por la maniobra pueda rondar las 400, considerando el impacto social de una operatoria que habría aprovechado la necesidad habitacional de numerosas personas.
Mientras la fiscalía continúa reuniendo contratos, comprobantes de pago y otra documentación aportada por los denunciantes, los investigadores buscan determinar la magnitud total del perjuicio económico y si existió una estructura organizada detrás de la presunta comercialización masiva de terrenos inhabitables. En ese contexto, los fiscales Ramiro Ramos Ossorio y Esteban Martearena reiteraron que el objetivo central de la investigación es esclarecer los hechos, proteger a las familias damnificadas y determinar las responsabilidades penales correspondientes.
