A pocas horas del debate de la reforma laboral en el Senado, el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, denunció públicamente la existencia de presiones y amenazas por parte de la conducción nacional del Partido Justicialista para que el peronismo vote en contra del proyecto. La advertencia expuso con crudeza la interna que atraviesa el espacio opositor.
Según relató el mandatario, las presiones estarían dirigidas a senadores y gobernadores del interior que evalúan acompañar la iniciativa del Gobierno. De acuerdo con Sáenz, el mecanismo de disciplinamiento incluye la amenaza de intervenir los partidos provinciales del PJ si los legisladores no se alinean con la postura del kirchnerismo.
El conflicto tiene como eje al bloque Convicción Federal, integrado por cinco senadores que mantienen una posición autónoma dentro del peronismo. Su eventual respaldo al oficialismo podría resultar decisivo en una votación ajustada, lo que los convirtió en blanco de fuertes presiones políticas internas.
Sáenz recordó antecedentes recientes de intervenciones partidarias en provincias como Misiones, Salta y Jujuy, que —según explicó— funcionaron como castigos ejemplificadores. “No hablo de hipótesis, hablo de hechos concretos”, sostuvo, al tiempo que reclamó un debate sin aprietes ni amenazas.
La denuncia se produce en un contexto de máxima tensión política, con presión sindical, negociaciones del Gobierno con los gobernadores y una oposición fragmentada. La votación de la reforma laboral se perfila así como una prueba clave tanto para el oficialismo como para la cohesión interna del peronismo.
