AA PRENSA
Diputados avanzó en la agenda de las sesiones extraordinarias y puso fecha a uno de los debates más sensibles impulsados por el oficialismo. El próximo jueves 12 de febrero, el recinto tratará el proyecto de Régimen Penal Juvenil, una iniciativa que propone la baja de la edad de imputabilidad y una redefinición del esquema de sanciones aplicables a menores de edad.
La confirmación surgió tras una reunión encabezada por el presidente de la Cámara baja, Martín Menem, junto a los jefes de bloque del oficialismo y de la oposición, donde se acordó el cronograma parlamentario que permitirá llevar el proyecto al recinto. El encuentro fue clave para destrabar la discusión y encaminar el tratamiento de uno de los puntos más controvertidos del temario legislativo.
Según informaron fuentes parlamentarias, La Libertad Avanza, en conjunto con bloques dialoguistas, buscará sancionar la iniciativa durante la sesión del jueves. El proyecto establece la reducción de la edad de imputabilidad a los 14 años.
Dictamen
Un día antes de la sesión, el miércoles, se realizará el plenario de las comisiones de Justicia, Familia, Niñez y Adolescencia y Presupuesto, con el objetivo de firmar dictamen. El despacho que el oficialismo había reunido el año pasado perdió estado parlamentario al no tratarse en el recinto, por lo que debe repetirse el trámite de comisión, aunque fuentes al tanto de las negociaciones señalaron que se respetarán los consensos alcanzados.
Menem confirmó además que el martes quedarán formalmente constituidas las comisiones de Familia, Niñez y Adolescencia y de Justicia, que se sumarán a Presupuesto y Hacienda y Legislación Penal, ya integradas.
La edad de imputabilidad
El proyecto original impulsado por el Gobierno proponía bajar la edad de imputabilidad a los 13 años, pero durante las negociaciones previas los bloques aliados —PRO, UCR, Coalición Cívica e Innovación Federal— presionaron para fijar el piso en 14. Esa postura se sostuvo y será la base del texto que llegará al recinto, luego de que el oficialismo también aceptara reducir de 20 a 15 años la pena máxima para delitos graves como homicidio, abuso sexual o secuestro, un punto clave para alcanzar consensos.
Lo novedoso fue la aceptación del oficialismo de incorporar un agregado presupuestario, en respuesta a un reclamo de las provincias, que exigen recursos para poner en funcionamiento centros especializados de detención donde los menores recibirán tratamiento médico y socioeducativo.
El nuevo Régimen Penal Juvenil
El nuevo régimen fijará en 14 años la edad mínima de punibilidad. La condena máxima será de 15 años y solo aplicará para delitos graves como homicidio, abuso sexual o secuestro. La privación de libertad quedará como último recurso y se priorizarán penas alternativas, entre ellas tareas comunitarias, prohibiciones de acercamiento a la víctima y medidas de reparación del daño.
El proyecto prevé la creación de institutos especiales para menores condenados, con garantía de educación, atención médica y tratamientos por adicciones.
Entre las sanciones alternativas se incluyen la amonestación, los servicios comunitarios, el monitoreo electrónico, la prohibición de concurrir a determinados lugares, la reparación integral del daño y la prohibición de conducir vehículos.
Además, el texto incorpora programas educativos, de formación ciudadana y capacitación laboral, actividades culturales y deportivas, asistencia psicológica y médica, y controles a cargo de un supervisor especializado designado por el juez. También contempla intervenciones específicas ante problemas de salud mental, consumo problemático de sustancias o entornos familiares violentos, con intervención del juez civil cuando resulte necesaria una internación.
