El ministro de Salud Pública de Salta, Federico Mangione, confirmó que la Provincia comenzará a exigir judicialmente el cobro de las deudas que mantienen las obras sociales por la atención de sus afiliados en hospitales públicos, tras la reglamentación de la ley que habilita la facturación y ejecución legal de estas prestaciones.
En declaraciones radiales, el funcionario explicó que el sistema sanitario provincial atraviesa un déficit estructural que se profundizó por el aumento sostenido de pacientes con cobertura médica que recurren al sector público. Según detalló, la cantidad de afiliados a obras sociales atendidos en hospitales públicos creció un 70%.
Mangione advirtió que el presupuesto de Salud está diseñado para atender principalmente a personas sin cobertura, pero hoy se destinan insumos, medicamentos, prótesis y recursos humanos a pacientes cuyos tratamientos deberían ser afrontados por sus obras sociales. “Eso deja sin recursos al sistema y lo vuelve insostenible”, sostuvo.
De acuerdo con las estimaciones oficiales, la deuda acumulada de las obras sociales con la Provincia oscila entre los $110 mil y los $150 mil millones anuales, sobre un presupuesto total de Salud de aproximadamente $370 mil millones. “Estamos hablando de casi la mitad del presupuesto”, remarcó el ministro.
Con la normativa ya reglamentada, el Ministerio de Salud podrá facturar, intimar y avanzar judicialmente, incluso con embargos, contra las entidades que no paguen. Mangione aclaró que los pacientes no deberán abonar nada y que la deuda corresponde exclusivamente a las obras sociales y prepagas.
