FH PRENSA
El Gobierno de Salta anunció una medida de fuerte impacto político al establecer, mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia, la obligatoriedad de exámenes toxicológicos para todos los funcionarios públicos provinciales. La disposición alcanza a los tres poderes del Estado y a los organismos de control.
La vocera gubernamental, Paula Benavides, sostuvo que la iniciativa responde a la necesidad de garantizar la aptitud moral y mental de quienes toman decisiones que afectan a la ciudadanía. “Gobernar y administrar justicia exige condiciones óptimas”, remarcó durante una conferencia de prensa.
Los controles se realizarán de manera sorpresiva y aleatoria, incluso dentro de las dependencias oficiales. Los estudios permitirán detectar consumo de cocaína, marihuana y otras sustancias, y estarán acompañados por un procedimiento que contempla el derecho a contraprueba.
El DNU establece que cualquier resultado positivo, así como la negativa a realizar el examen, implicará la remoción inmediata del cargo. Además, quienes aspiren a ingresar al Estado deberán someterse obligatoriamente a los análisis como condición excluyente.
Desde el Ejecutivo afirmaron que la medida envía un mensaje político claro: no habrá privilegios ni excepciones. El decreto busca reforzar la confianza ciudadana en las instituciones y consolidar un modelo de gestión basado en la transparencia.
